El especialista en minería Iván Arenas advirtió que la expansión de la minería ilegal en Perú se acelerará por el precio del oro, que alcanzó los 4300 dólares la onza. El experto señaló que las proyecciones indican que el valor continuará elevándose durante 2026, generando un aliciente sin precedentes para la actividad minera informal que afecta miles de concesiones en el territorio nacional.
La minería ilegal está legitimada en las zonas donde se realiza porque la población cree que no comete ninguna falta. Arenas explicó que los mineros informales sienten que les quitan algo que siempre les perteneció, amparados en el concepto de minería ancestral que diversos congresistas repiten sin fundamento histórico. Este mito se utiliza para justificar invasiones de concesiones y propiedades mineras formalmente registradas ante el Estado.
El concepto de minería ancestral no existe en la normativa peruana según aclaró el especialista durante la entrevista. En Cotabambas la minería cuprífera recién se produce desde 2012, mientras en Pataz se inventó la historia de que el oro de Atahualpa proviene de esa zona. «La minería ancestral es un barril sin fondo, es decir todo y decir nada», afirmó Arenas sobre el término que se emplea para legitimar invasiones de concesiones mineras otorgadas por el Estado.
Fracaso del proceso de formalización
El Estado fracasó completamente en el proceso de formalización minera por falta de apoyo técnico y capacidad institucional. El registro reinfo planteaba asesoría técnica para que los mineros accedan a personería jurídica y créditos, pero los acuerdos de explotación entre concesionarios y mineros informales no funcionan porque ambas partes no logran consensos. El líder minero Becker declaró que estos contratos no les interesan porque no garantizan estabilidad ante fluctuaciones del precio del oro.
El Ministerio de Energía y Minas determinó en junio que de 86000 reinfos solo 31000 quedarían vigentes. Los otros 55000 fueron eliminados porque su proceso de formalización terminó desde 2021, cuando se advirtió que debían subsanar observaciones pendientes pero solo 2600 mineros acudieron al ministerio para reclamar. Restituir estos reinfos sería inconstitucional según mandato del Tribunal Constitucional sobre este tema que congresistas impulsan desconociendo la resolución judicial.
La burocracia se multiplicó cuando la competencia pasó de gobiernos regionales a la Dirección General de Asuntos Ambientales en diciembre. Antes se necesitaban dos firmas para aprobar instrumentos de gestión ambiental, ahora se requieren 12 firmas con solo 12 personas revisando miles de expedientes que demoran entre seis meses y un año. Mineros con voluntad de formalizarse enfrentan un monstruo burocrático que paraliza sus trámites ante la incapacidad del ministerio para ampliar su capacidad técnica.
Congresistas proponen ampliación hasta 2027
Arenas responsabilizó directamente al ministro Rómulo Mucho y a la Dirección General de Minería por no ampliar la capacidad técnica. «El gobierno de Dina Boluarte se topó con lo que tenía pero no hizo lo correcto», señaló el experto quien advirtió que ampliar el proceso de formalización por dos años hasta 2027 constituye un abuso. El Congreso debatió proyectos de los congresistas Edgar Cutipa, Guido Bellido y Roberto Sánchez que extienden plazos sin justificación técnica razonable.
El especialista propuso que con voluntad política el ministerio podría formalizar a los 31000 mineros en seis meses. «Se necesita un batallón de gente especializada para revisar expedientes y el presidente podría entregar la banda presidencial con mineros formalizados», afirmó Arenas quien desvinculó el tema reinfo de la ley MAPE que busca reordenar la pequeña minería. Ambos temas no tienen relación pero congresistas los amarran para confundir a la población y generar apoyo político mediático.
Los datos del congresista Cutipa revelan que el 70% de concesiones invadidas pertenece a pequeños y medianos concesionarios, no a la gran minería. El 93% de reinfos están en concesiones de terceros mientras solo el 7% están en concesiones propias, según figura en la página 18 del proyecto debatido este martes en comisiones del Congreso. Las propuestas de reversión de concesiones y servidumbre minera afectarían principalmente a pequeños propietarios sin voz ni organización federada.
