La minería ilegal en Perú ha crecido de manera descontrolada, extendiéndose a 21 de las 25 regiones del país. Esta actividad ilícita no solo devasta el medio ambiente, sino que también causa millonarias pérdidas al erario nacional. Según el Ministerio de Energía y Minas, se estima que la minería ilegal generará pérdidas por S/ 7.800 millones en 2025, afectando tanto al impuesto a la renta como al canon minero. La minería ilegal se ha convertido en una actividad más lucrativa que el narcotráfico, con tentáculos que se extienden por casi todo el territorio peruano.
El gobierno advirtió que este año se perderían S/ 5.200 millones en Impuesto a la Renta y S/ 2.600 millones por canon minero. Las regiones más afectadas serían Arequipa, Apurímac, Madre de Dios, La Libertad, Ayacucho y Puno. La minería ilegal no solo afecta la economía, sino que también vulnera los derechos laborales de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal, quienes son explotados y expuestos a riesgos.
Regiones como La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios figuran entre las más afectadas por la minería ilegal. Esta actividad ha deforestado más de 31 mil hectáreas y ha generado una economía paralela que opera con altos niveles de impunidad. La minería ilegal en Perú avanza sin freno, destruyendo ecosistemas, alimentando la violencia y erosionando la economía nacional.
La devastación en Puno
En Puno, la minería ilegal e irresponsable ha causado una grave contaminación de ríos, cuencas enteras y suelos debido al uso indiscriminado de mercurio y otros químicos tóxicos. Esta contaminación afecta gravemente la salud de las comunidades locales y destruye los ecosistemas acuáticos. Además, la extracción minera ilegal ha llevado a la deforestación y la degradación del paisaje, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las poblaciones indígenas.
El gobierno ha asignado más de S/ 74.6 millones en 2025 para reducir la minería ilegal, a través de la función de orden público y seguridad. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido catalogada como un escudo de impunidad para la actividad ilegal. Se debate en el Congreso una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que busca legislar las actividades formales y no facilitar a las economías ilegales.
Entre 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros sospechosos por un total de US$ 2.804 millones relacionados con la minería ilegal. Esta actividad ilícita ha sido identificada como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia en el país. La minería ilegal ha sido vinculada a organizaciones criminales y ha llevado a situaciones de extrema violencia, como la matanza de 13 personas en una mina de Pataz.
La minería ilegal y el crimen organizado
La proliferación de la minería ilegal está relacionada con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado en Perú. Esta actividad ha generado una alarmante ola de violencia que ha conmocionado al país. La minería ilegal se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas y ocupa un lugar central en el debate político peruano.
La exportación de oro ilegal sumó US$ 7.415 millones en 2024 y deforestó más de 31 mil hectáreas. Esta actividad no solo depreda recursos naturales, sino que también distorsiona el orden social y económico en los territorios donde opera. La minería ilegal en Perú alcanza niveles alarmantes, con un impacto devastador en el medio ambiente y la sociedad.
La minería ilegal también tiene un impacto negativo en la salud pública, debido al uso de mercurio y otros productos químicos peligrosos. La contaminación de ríos y suelos afecta a las comunidades locales, causando graves problemas de salud. La minería ilegal representa una amenaza para la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas.
La minería ilegal y la economía informal
La minería ilegal es parte de una economía informal que opera al margen de la ley. Esta actividad genera ingresos que el Estado deja de percibir, afectando directamente la inversión pública. La minería ilegal representa un desafío para el desarrollo económico y social del país, requiriendo una respuesta integral y coordinada.
La minería ilegal está vinculada a la corrupción y la impunidad, lo que dificulta su erradicación. La falta de control y regulación permite que esta actividad ilícita prospere, afectando a las comunidades y al medio ambiente. La lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral que aborde la corrupción y fortalezca las instituciones.
La minería ilegal representa una amenaza para la seguridad nacional, debido a su vinculación con el crimen organizado y la violencia. Esta actividad ilícita requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado, para proteger a las comunidades y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La minería ilegal es un desafío complejo que requiere una acción decidida y sostenida.
