Óscar Jiménez Chura, representante del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, reveló que la minería ilegal en las provincias de Carabaya, Sandia y San Antonio de Putina aumentó un 20%. El fiscal señaló que autoridades locales, líderes de rondas campesinas y miembros de la Policía Nacional estarían involucrados en estas actividades, lo que dificulta obtener información clara sobre lo que ocurre en la selva de Puno.
Jiménez Chura precisó que entre el 70% y 75% de las operaciones mineras en la zona son ilegales. El funcionario calificó la situación como cada vez más grave, especialmente por la falta de acción de las autoridades competentes. Las provincias afectadas, ubicadas al norte de Puno, enfrentan un problema que no solo daña el medio ambiente, sino que también genera desconfianza en la población.
De manera paralela, el fiscal destacó que la delincuencia en la zona también ha aumentado, extendiéndose hacia áreas de la selva. Jiménez Chura mencionó que la falta de presencia policial y estatal ha creado una sensación de abandono en varias comunidades. Además, cuestionó la política del gobierno actual, señalando que, a pesar de los compromisos, no se han realizado operativos contra la minería ilegal en los últimos cinco años.
El representante de la Fiscalía también reconoció que las fuertes lluvias de los últimos meses han dificultado las acciones para combatir este problema. Sin embargo, Jiménez Chura insistió en que es urgente la intervención de todas las autoridades para frenar el avance de la minería ilegal y sus consecuencias en la región.
La situación en Puno refleja un problema que va más allá de la minería ilegal, afectando la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente reiteró su llamado a las autoridades para tomar medidas inmediatas y coordinadas que permitan enfrentar esta crisis de manera efectiva.
