El ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha anunciado una ampliación significativa en el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la región de Puno. Este proyecto tiene como objetivo trasladar a sentenciados y procesados por delitos graves, como sicariato, secuestro y extorsión, en un esfuerzo por contener la creciente ola de criminalidad organizada en el país.
Durante una conferencia de prensa, Astudillo señaló que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para combatir la inseguridad ciudadana, especialmente en delitos que involucran armas de fuego de uso ilegal. Además del traslado de reos peligrosos, el ministro adelantó que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para tipificar el delito de “terrorismo urbano“. Este nuevo tipo penal buscará sancionar con mayor severidad a las organizaciones criminales que operan en las ciudades.
La propuesta ha recibido el respaldo de figuras políticas como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y diversos congresistas, quienes consideran la nueva tipificación clave para enfrentar la violencia que afecta a las zonas urbanas.
Paralelamente, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia por 60 días en 12 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, incluyendo zonas como Ventanilla, Ate, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Esta medida permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir el incremento de actividades delictivas.
Entre otras acciones anunciadas, se encuentra la creación de un equipo especial de más de 100 agentes de la Policía Nacional, dedicado exclusivamente a investigar casos de extorsión. También se implementarán mecanismos de seguridad en paraderos y rutas de transporte público, con operativos aleatorios para proteger a los usuarios.
El ministro de Defensa también adelantó que el Gobierno solicitará la creación de una Fiscalía supraprovincial para la extorsión, con el fin de garantizar la confidencialidad de los denunciantes y mejorar la persecución de estos delitos. Finalmente, se presentará al Congreso una propuesta para endurecer las penas de sicariato y extorsión, contemplando incluso la posibilidad de cadena perpetua para quienes sean condenados por estos crímenes.
