La periodista Mónica Delta reveló que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, denunció penalmente a todo el equipo de Punto Final por presunto reglaje. La acusación surgió tras un reportaje que mostraba las reuniones del entonces jefe de la oficina de monitoreo. Delta explicó que Santiváñez «había sido censurado como ministro del Interior y seguía teniendo una cantidad de visitas con gente que podía generar curiosidad informativa».
El equipo completo del programa dominical enfrenta investigación penal, desde la presentadora hasta el camarógrafo. Santiváñez utilizó las imágenes del reportaje para acusar que «se les estaba siguiendo y que poníamos en peligro a su familia». Delta aclaró que cualquier abogado sabe que el reglaje requiere intención de cometer un delito posterior, no para informar al público sobre asuntos de interés general.
La denuncia forma parte de una estrategia gubernamental más amplia contra el periodismo de investigación. Delta considera que el gobierno, con «más del 90% de rechazo ciudadano», busca neutralizar las revelaciones periodísticas. Las autoridades «tratan de refugiarse» ante las próximas elecciones utilizando herramientas fiscales y judiciales contra la prensa. La instrumentalización del poder judicial preocupa por su impacto en la libertad de información.
Fiscalía vulnera secreto de comunicaciones periodísticas
Los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado enfrentan pedidos para levantar el secreto de sus comunicaciones por presunto cohecho. La Procuraduría solicitó acceso a sus conversaciones tras revelaciones sobre la entonces fiscal Delia Espinosa. Delta explicó que «entregar comunicaciones significa dame tus fuentes, quiero ver con quién hablas, cómo sacaste la información». Esta medida viola la protección constitucional a las fuentes periodísticas establecida en el ordenamiento jurídico.
El caso afecta directamente el trabajo de investigación que reveló información sobre Nicanor Boluarte y el vehículo presidencial «Cofre». Cruz había destapado «hechos, situaciones, visitas y circunstancias» que comprometen al hermano de la presidenta. Las revelaciones periodísticas «les han sabido a chicharrón de cebo» al gobierno, generando represalias judiciales contra quienes investigan actos de corrupción en el poder ejecutivo.
La protección de fuentes constituye un principio sagrado del periodismo que permite revelar verdades de interés público. Delta enfatizó que «la fuente es una persona que está tomando el riesgo de contarle una verdad clave a la sociedad». Estas personas arriesgan «su trabajo y su integridad» para informar sobre irregularidades gubernamentales. Sin esta protección, los ciudadanos perderían acceso a información vital sobre el funcionamiento del poder político.
Congreso debate restricciones adicionales contra la prensa
La Comisión de Justicia del Congreso discute un proyecto para penalizar la difusión de audios y chats eliminando la excepción de interés público. Actualmente, la ley permite revelar comunicaciones privadas cuando existe interés público por comisión de delitos. El nuevo proyecto «quitaría esa excepción de interés público que sería terrible» para el periodismo. Esta modificación legal limitaría drasticamente las investigaciones sobre corrupción y mal uso del poder estatal.
El panorama incluye amenazas físicas contra periodistas, con 101 incidencias registradas el último año y dos comunicadores asesinados. Carla Ramírez de Panorama denunció amenazas contra su integridad según fuentes confiables. Delta recordó que «en el Perú ha muerto en el último año dos periodistas», evidenciando la gravedad de la situación. Carlos Paredes fue denunciado absurdamente como parte de una organización criminal por su trabajo investigativo.
Los programas dominicales mantienen rigurosos protocolos de verificación donde «cada reportero son independientes de sus investigaciones y sus fuentes son absolutamente sagradas». Delta aclaró que los presentadores no conocen las fuentes de los investigadores, existiendo una estructura profesional clara. El equipo «ha dejado de dar información que teníamos porque el último eslabón de la corroboración no se ha dado». Esta seriedad periodística resulta fundamental para mantener la credibilidad y servir al interés público ciudadano.
