El Gobierno Regional de Moquegua instaló ayer el Comité Técnico Legal, un equipo multidisciplinario que reunirá a asesores, técnicos municipales y especialistas en ordenamiento territorial para revertir la decisión judicial que cedió parte del distrito de Ichuña a la región Puno, con un plazo de acción estimado en un año prorrogable y apenas siete días hábiles para presentar el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional.
El grupo de trabajo, conformado por representantes de diversas municipalidades y del área técnica regional, desarrolla actualmente estrategias legales a puerta cerrada para cumplir con los plazos procesales; además, elabora documentación que sustente la vulneración de derechos territoriales, la autodeterminación comunitaria y la afectación de recursos estratégicos como fuentes hídricas y yacimientos mineros ubicados en las zonas en disputa.
La gobernadora regional Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, quien preside este comité, advirtió con firmeza: «Moquegua no cederá un solo centímetro de su territorio y defenderemos cada recurso natural que nos pertenece por historia y derecho».
Antecedentes del conflicto limítrofe
Este conflicto territorial no es reciente, sino que arrastra décadas de gestiones que no priorizaron la defensa jurídica formal; los pobladores de Ichuña identifican como responsables directos a exgobernadores regionales —Cristala Constantines, Martín Vizcarra, Jaime Rodríguez y Zenón Cuevas— por la dejadez administrativa que permitió el avance de pretensiones puneñas sobre sectores estratégicos como Carumas y San Cristóbal de Calacoa.
El alcalde provincial de Mariscal Nieto, John Larry Cuaila, respaldó públicamente la estrategia legal y reconoció que existen intereses económicos concretos por parte de Puno sobre zonas con potencial minero; sin embargo, enfatizó que la actual gestión heredó un expediente descuidado que requiere acciones inmediatas y coordinadas entre todos los niveles de gobierno local y regional.
Las comunidades indígenas de los sectores afectados sostienen que sus derechos a la autodeterminación territorial fueron ignorados sistemáticamente durante años, lo que ahora genera un vacío jurídico que favorece interpretaciones judiciales adversas a los intereses moqueguanos y pone en riesgo su identidad cultural vinculada ancestralmente a estas tierras.
Tensión social y amenaza de protestas
La indignación ciudadana ante este fallo judicial no se limita al ámbito legal, pues los comuneros de Ichuña organizan activamente una marcha de protesta hacia la capital regional programada tentativamente para este lunes; la movilización busca exigir transparencia sobre las acciones realizadas desde que la gestión actual asumió funciones y obtener garantías concretas de que se evitará la consumación de esta pérdida territorial.
Fuentes locales de Ichuña indican que la población percibe este conflicto como un abandono histórico por parte de las autoridades regionales, quienes habrían priorizado otros temas en detrimento de la defensa territorial; esta percepción alimenta el malestar social y genera desconfianza institucional que podría escalar si no se evidencian resultados tangibles en los próximos días.
La gobernadora Gutiérrez también informó avances en otros frentes limítrofes pendientes, señalando que se admitió una acción de amparo por el caso de Quebrada Honda —otro sector en disputa— cuya audiencia ante la Presidencia del Consejo de Ministros está convocada para el 16 de marzo próximo, fecha en la que se espera una definición técnica sobre este territorio adicional en conflicto con regiones vecinas.
