El Perú enfrenta días decisivos, ya que transportistas, maestros, mineros y reservistas se preparan para una movilización nacional entre el 27 y el 29 de julio, lo que podría provocar un desabastecimiento en Lima, según advierte el abogado Julio Rivas Quispe, quien advierte que la protesta surge por el cansancio frente a la inacción del gobierno.
Rivas Quispe, percibe que la ciudadanía muestra una profunda molestia, mientras observa al alcalde de Puno imponer medidas como el embanderamiento, y a la policía generar temor en barrios periféricos de la capital.
El abogado, también se refirió al proceso judicial contra Pedro Castillo, exmandatario del país, dijo que suma casi un año sin pruebas suficientes y se acerca a una prolongación, lo que incrementa el escepticismo sobre la transparencia de la justicia.
Magistrados de la sala judicial optaron por desdoblar el proceso, priorizando el delito de rebelión para luego abordar otros cargos, lo que anticipa un juicio extendido posiblemente hasta el 2026, advierte el entrevistado.
Diferentes sectores de la sociedad expresan abandono porque sienten que el Estado no responde a sus necesidades, y tanto mineros como transportistas reclaman la ausencia de protección y apoyo, según apunta el abogado.
Emprendedores que antes respaldaron la permanencia del actual gobierno enfrentan ahora nuevas restricciones, ya que una ley en camino les prohibirá el uso de símbolos nacionales en productos, afectando así emprendimientos como ropa o accesorios patrios.
Además, señaló que las tensiones aumentan por el reciente incremento salarial de los altos funcionarios, incluidos la presidenta y los miembros de la policía y las fuerzas armadas, en contraste con la precariedad económica que viven amplios sectores sociales.
El Congreso también causa decepción, ya que desestimó una acusación constitucional contra la mandataria, al considerarla improcedente, expresión de un Legislativo que responde a sus propias prioridades.
La inminente movilización de julio suma fuerza con docentes al frente, acompañando la llamada marcha negra y el anuncio de los transportistas de paralizar el ingreso de mercaderías a Lima, poniendo en alerta a la ciudadanía.
Mineros y reservistas amplían la convocatoria nacional, mientras regiones claves como Iquitos y La Libertad confirman su participación, lo que refuerza la magnitud y alcance de la protesta.
Rivas Quispe, sostiene que la raíz del problema radica en los funcionarios de las principales instituciones públicas, que incluyen magistrados, congresistas y ministros, señalando un desgaste estructural del sistema de Estado.
La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, por su parte, expresa frustración porque los ministros convocan a reuniones sin entregar soluciones concretas, llenando el diálogo de promesas y poca acción práctica.
El Ministerio del Interior, según la percepción ciudadana, no logra traducir sus declaraciones de emergencia en acciones que mejoren la seguridad ni en beneficios tangibles, mientras sigue siendo cuestionado por defender a funcionarios policiales investigados por actos irregulares.
Este escenario de descontento y demandas saturadas coloca al Perú al borde de una jornada histórica, cuyas consecuencias para la vida cotidiana y el rumbo político aún están por verse.
