En la ciudad altiplánica de Puno, tres terminales interprovinciales operan bajo irregularidades administrativas mientras las autoridades municipales avanzan con procedimientos para lograr sanciones. Pedro Ticona Ticona, Gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Puno, confirmó que de todos los terminales operativos en la zona norte, únicamente dos cuentan con licencia de funcionamiento e ITSE vigente.
El funcionario municipal reveló que un tercer terminal mantiene operaciones amparado por una medida cautelar judicial, situación que limita las acciones directas de fiscalización hasta que concluya el proceso legal en curso. Este escenario evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para regular completamente el transporte interprovincial.
La problemática se extiende hacia establecimientos que funcionan como paraderos improvisados. Ticona señaló que ya han intervenido específicamente en el caso de un terminal hacia Yunguyo, además dos establecimientos enfrentan procedimientos administrativos por múltiples irregularidades detectadas durante operativos de control.
“Una vez que hacemos la clausura mueven el bloque y nosotros procedemos a hacer la denuncia respectiva por desacato a la autoridad”, explicó Ticona, describiendo la resistencia que encuentran al implementar las medidas coercitivas contra estos establecimientos irregulares.
Los esfuerzos de regulación se complican cuando los propietarios de los terminales clausurados hacen caso omiso a las disposiciones municipales. Según detalló el gerente municipal, tras las clausuras oficiales, algunos propietarios remueven los bloques de concreto colocados como parte del cierre, lo que constituye un desacato a la autoridad.
Otro caso problemático se ubica en la Avenida Floral, donde un terminal opera sin licencia de funcionamiento. Este establecimiento también ha sido objeto de clausura, pero enfrenta situaciones similares de resistencia al control municipal, obligando a las autoridades a iniciar procesos de denuncia formal.
Consultado sobre las acciones para garantizar el cierre definitivo de estos establecimientos irregulares, Ticona precisó que cuando interviene una medida cautelar, el caso pasa al ámbito judicial. “Hasta que ello se resuelva, nosotros mediante la Procuraduría seguimos llevando el caso, pero no se puede intervenir directamente”, aclaró.
Las denuncias por desacato a la autoridad constituyen actualmente la principal herramienta legal que utiliza la municipalidad para enfrentar a quienes insisten en operar terminales sin cumplir la normativa. El funcionario confirmó que estos procedimientos están en marcha contra los propietarios infractores.
