El procurador de la Municipalidad Provincial de Puno Guillermo Pizarro Flores, reveló que la institución maneja actualmente 2300 procesos judiciales en trámite, de los cuales 50 casos corresponden específicamente a invasiones de terrenos estatales. La situación se agravó durante los últimos tres años de gestión municipal, cuando múltiples espacios públicos fueron ocupados ilegalmente en toda la provincia, aunque muchos casos no recibieron la misma atención mediática que la reciente invasión en Chejoña.
Los invasores de terrenos incluyen dirigentes vinculados a actividades invasivas, según confirmó el procurador municipal durante una entrevista. Entre los ocupantes ilegales se encuentra un abogado que presuntamente asesora y defiende a los invasores en sus acciones de usurpación de terrenos estatales, lo que complica las acciones legales emprendidas por la municipalidad para recuperar los espacios públicos ocupados.
La zona de Chejoña, actualmente invadida, está clasificada como faja marginal intangible según el Plan de Desarrollo Urbano vigente. El procurador enfatizó que esta área no puede ser ocupada bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para construcciones temporales o actividades comerciales, ya que está destinada exclusivamente para planes de recreación y conservación ambiental de la ciudad.
La municipalidad implementará el uso de la fuerza para desalojos necesarios cuando los invasores no acaten las órdenes de desocupación voluntaria. El procurador confirmó que existen casos donde la institución municipal fue denunciada por realizar acciones de recuperación de terrenos, evidenciando la resistencia legal que enfrentan las autoridades en su lucha contra las ocupaciones ilegales de espacios públicos.
De los 50 casos de invasión de terrenos, 15 procesos se encuentran actualmente en trámite judicial activo, mientras que el resto aguarda resoluciones o se encuentra en diferentes etapas del proceso legal. La situación legal se complica porque muchos invasores creen tener derecho legal para ocupar estos espacios, pese a que la normativa municipal y el Plan de Desarrollo Urbano prohíben expresamente cualquier tipo de ocupación en estas zonas.
El proceso de recuperación extrajudicial no debería exceder las dos semanas desde que comenzó la ocupación ilegal el día viernes pasado, según informó el procurador Guillermo Pizarro. Esta medida incluye a todos los presuntos invasores que actualmente ocupan el área de Chejoña, donde continúan las actividades de relleno y acondicionamiento del terreno pese a las advertencias municipales.
