El Concejo Municipal de San Román, en Juliaca, enfrenta serios problemas para cumplir con su función fiscalizadora en el año 2025, ya que no ha incorporado los recursos mínimos exigidos por la ley en su presupuesto institucional de apertura (PIA). Según un informe de la Contraloría General de la República, la falta de asignación de estos fondos podría poner en peligro la supervisión efectiva de las actividades municipales.
La ley 31812, que regula el financiamiento de la función fiscalizadora de los concejos municipales, establece que estos deben asignar al menos el 1% del presupuesto anual del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y los impuestos municipales. Sin embargo, el monto destinado por la Municipalidad Provincial de San Román es considerablemente inferior al mínimo requerido, con solo 118,500 soles asignados, mientras que debería ser de al menos 995,188 soles, según lo estipulado en la normativa vigente.
Esta omisión no es un detalle menor, ya que de no corregirse, podría afectar la capacidad del concejo municipal para fiscalizar adecuadamente la ejecución de obras y otros proyectos que compiten a la municipalidad. En consecuencia, el desarrollo y la transparencia de la gestión municipal se verían comprometidos, afectando directamente a la población.
El informe de la Contraloría no solo advierte sobre el problema, sino que también recomienda que se tomen medidas preventivas y correctivas para asegurar que los recursos se incorporen de acuerdo con la ley. La recomendación incluye que se notifique al Órgano de Control Institucional de la municipalidad sobre las acciones que se tomarán en respuesta a esta situación adversa.
El alcalde de San Román, Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez, fue notificado formalmente por la Contraloría el pasado 3 de febrero de 2025. En el plazo de cinco días hábiles, deberá comunicar las medidas adoptadas para resolver esta omisión y garantizar que los recursos sean asignados adecuadamente, en cumplimiento con la legislación.
Este problema refleja una debilidad en la gestión administrativa que podría afectar el cumplimiento de los objetivos fiscales y de control en la municipalidad. La falta de recursos adecuados para la fiscalización plantea serios riesgos para la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos, que son cruciales para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.
