La empresaria Pilar Quispe Benique, propietaria del grifo JP ubicado en la salida a Arequipa, denunció públicamente que la Municipalidad Provincial de San Román le adeuda aproximadamente 90,000 soles por combustible entregado a patrulleros de serenazgo municipal entre enero y marzo de este año, monto que incluye cerca de 4,000 galones suministrados diariamente y una carta fianza retenida valorizada en 25,000 soles adicionales.
Quispe detalló que durante tres meses consecutivos abastecía diariamente entre cuatro galones por unidad vehicular, atendiendo un promedio de 15 a 25 patrulleros cada día, servicio que prestó bajo un contrato complementario firmado el 19 de febrero de 2025, aunque la orden de compra fue notificada recién el 3 de abril, generando un desfase administrativo que ahora complica el pago.
«He venido pasivamente todos los meses, he venido a conversar de buena manera, ya no puedo más, no sé dónde recurrir», declaró la empresaria visiblemente afectada durante su denuncia pública ante medios de comunicación en las instalaciones municipales.
Cambio de gestión complica cobro
El jefe de operaciones Carlos Postigo, quien ejercía como subgerente de patrullaje durante el período de suministro, reconoció inicialmente la deuda contraída con la proveedora; sin embargo, tras ser removido de su cargo, los nuevos funcionarios designados se negaron sistemáticamente a dar conformidad al servicio prestado.
La situación genera un impacto económico severo en la pequeña empresa de Quispe, quien invirtió recursos propios para mantener operativos los vehículos municipales durante festividades como Año Nuevo, Carnavales y Semana Santa, períodos de alta demanda de vigilancia ciudadana donde el combustible resultaba crítico para el patrullaje.
La empresaria sostiene que cuenta con documentación completa que respalda cada suministro realizado, incluyendo vales internos de despacho que solicitó fueran regularizados oficialmente; no obstante, las autoridades actuales argumentan desconocimiento alegando que «no estaban en esa gestión» ni tienen responsabilidad sobre compromisos previos.
Contrato en medio de investigación
El caso se desarrolla mientras aparentemente existe una investigación administrativa relacionada con el manejo de combustible en la institución edil, situación que habría generado el cambio de funcionarios; Quispe enfatiza que ella trabajó legalmente bajo un contrato complementario emitido por el área de logística.
«Yo no he sido cómplice de nada, he trabajado legalmente, he atendido los 4,000 galones que solicité para que me paguen y no me pagan», insistió la proveedora al señalar que además del monto principal de 68,000 soles, la municipalidad retiene indebidamente su carta de garantía equivalente al 10 por ciento del contrato.
La empresaria exige que las autoridades municipales cumplan con sus obligaciones contractuales y procedan al pago inmediato del servicio prestado, amenazando con escalar su denuncia a instancias superiores si persiste la negativa administrativa que la mantiene visitando diariamente las oficinas ediles sin obtener respuestas concretas desde hace nueve meses.
