Una hectárea completa de terreno ubicado a la faja marginal del lago Titicaca fue cercada por la Universidad Nacional del Altiplano, desatando la intervención inmediata de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno. Franklin Mestas, gerente municipal del área, confirmó que la institución educativa procedió sin ninguna autorización municipal, lo que desencadenará un procedimiento sancionador que incluye multas económicas y orden de demolición.
La inspección realizada verificó que la construcción invade áreas protegidas bajo administración de la Marina de Guerra y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), instituciones que tienen competencia directa sobre la faja marginal del lago. El funcionario edil recalcó que estos predios son propiedad exclusiva del Estado peruano y no pueden ser adjudicados ni cercados por ninguna entidad sin los permisos correspondientes.
«Se va a iniciar el debido procedimiento sancionador con una sanción pecuniaria y una paralización correspondiente», afirmó Mestas durante la intervención municipal realizada tras detectarse el levantamiento del cerco provisional frente al campus universitario. La institución académica no habría presentado documentación que respalde su actuación en terrenos que legalmente no le pertenecen según los registros municipales.
Los plazos administrativos representan una preocupación para la autoridad local, quien reconoció que, aunque el procedimiento sancionador contempla un periodo de nueve meses, la situación requiere acciones inmediatas. «No se puede esperar tanto tiempo, ya se tiene que acelerar de urgencia porque estos predios son del Estado», enfatizó el gerente municipal ante la gravedad de la intervención no autorizada.
La disputa por la propiedad del terreno escapa a las competencias directas del municipio puneño, quien solo puede sancionar la construcción irregular pero no dirimir sobre derechos de posesión. «Todo el derecho de propiedad ya lo tiene que ver lo que es por vía judicial», explicó Mestas, señalando que cualquier controversia sobre la titularidad del predio deberá resolverse en instancias judiciales entre la universidad, la Marina y la ANA.
La falta de autorización municipal para la instalación del cerco fue confirmada tras verificaciones con las áreas de subgerencia de planeamiento y fiscalización, dependencias que no registran ningún trámite previo por parte de la universidad. Este hecho agrava la situación de la casa de estudios, que podría enfrentar sanciones acumulativas por cada infracción detectada durante el proceso de fiscalización en curso.
La demolición del cerco aparece como la consecuencia más probable según adelantó el funcionario municipal, quien calificó la medida como una «sanción no pecuniaria» complementaria a las multas económicas. La magnitud de la intervención abarca aproximadamente una hectárea, convierte este caso en un precedente importante para la gestión de áreas protegidas alrededor del lago Titicaca.
