La jueza del Primer Juzgado Civil de Cusco, Sandra Contreras Campana, declaró infundada la demanda de Roxana Dominga Abrill Núñez. Esta ciudadana reclamaba la propiedad de la ciudadela inca de Machu Picchu y otros sitios de los antiguos peruanos. La magistrada, con ello, reconoce que la maravilla es propiedad del Estado peruano. Esa decisión, no obstante, todavía es apelable.

En el año 2003, Roxana Dominga inició una demanda de reivindicación, daños y perjuicios de la propiedad contra el Estado peruano, para que devuelva el terreno donde se halla la ciudad inca. Acudió al Poder Judicial como heredera de José Luis Abrill Ferro, quien a su vez fue heredero de José Emilio Abrill Vizcarra. Sostuvo en su demanda que es nieta y heredera directa de Abrill Vizcarra. Este último era dueño de lo que fueron las haciendas Q’ente, donde se hallan los sitios de Machupicchu, Huaynapicchu, Wiñayhuayna, Sayacmarca y Phuyupatamarca.

En 2006, Abrill amplió el reclamo para pedir que le restituyan las ruinas mismas y le paguen por daños y perjuicios. Precisó que, desde 1929, “no se les ha permitido el goce y disfrute de los terrenos”.

Según su argumento, el terreno donde queda Machu Picchu llegó a manos de Mariano Ignacio Ferro entre 1904 y 1910, cuando compró las tierras a una familia de apellido Nadal. Este señor habría dejado su propiedad en herencia a su hija Tomasa, que se casó con José Emilio Abrill Zavaleta. Por eso, ella reclama la herencia de ese territorio. No obstante, la jueza cusqueña, si bien reconoce que doña Roxana es nieta de Abrill Vizcarra, precisa que no se acreditó que el territorio que buscaba reivindicar “forme parte de la masa hereditaria de quien en vida fuera Abrill Vizcarra”.

En consecuencia, esos sitios, incluida la maravilla de piedra, “no son de propiedad de la sucesión Abrill Ferro”. Añade que esos bienes fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación y, en esos casos, el “Estado es el único propietario de los monumentos prehispánicos”. Además, estos bienes son inalienables e imprescriptibles.

El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Butters, saludó esta sentencia, la cual venía siendo planteada hace más de 15 años. “Estos litigios eran una suerte de espada de Damocles para el Estado, pero este dictamen es contundente", afirmó.

Hace 15 años, la Dirección Desconcentrada de Cultura (antes INC), que ahora presidente Fredy Escobar Zamalloa, emprendió una decidida defensa del patrimonio de todos los peruanos.

Familia Zavaleta también perdió
En abril pasado, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de Perú desestimó la demanda presentada por la familia Zavaleta, que reclamaba como su propiedad parte de Machu Picchu.

La familia Zavaleta inició en 2005 un proceso de reivindicación de tierras de más de 22 000 hectáreas. En esa expansión que reclamaba, está asentada la ciudad prehispánica y la red de caminos inca que conduce hacia la maravilla mundial.

Aquella decisión judicial ratificó que ese legado inca, el principal destino turístico del país, es propiedad del Estado.


Fuente: La República