En la actualidad hay 9,701 exservidores públicos que tienen inhabilitación vigente para trabajar en el Estado, producto de sanciones impuestas desde el 2013 a la fecha, informó Magali Meza, responsable de la Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos de Servir.

Añadió que, de esa cifra, 2,343 corresponden al período enero-agosto del año en curso. El 62% de los inhabilitados pertenece a entidades del gobierno nacional, el 26% a los gobiernos regionales y el 10.3% a las municipalidades.
 

En el Estado existen tres tipos de sanciones: amonestación escrita; suspensión, que puede ser de uno a 365 días; y la inhabilitación, que va de un año a cinco años como máximo, salvo las que provengan de una sentencia firme del Poder Judicial, que pueden ser mayores.

Meza señaló que todas estas sanciones por faltas administrativas están inscritas en el Registro Nacional de Sanciones Contra los Servidores Civiles (RNSSC) a cargo de Servir, como una manera de transparentar la fiscalización en el Estado. En la actualidad ese registro contiene los nombres de 18,700 sancionados.

Obligación

Indicó además que desde el año 2013, es obligatorio que los responsables de las entidades del Estado consulten este registro cada vez que contraten personal, para evitar el ingreso de personas inhabilitadas, y no hacerlo puede acarrear una sanción disciplinaria.

El año que registro el mayor número de inhabilitados fue el 2018, cuando se alcanzó un pico de más de 4,000 inhabilitados. (ver cuadro)

En declaraciones al diario El Peruano, la funcionaria de Servir comentó que es comprensible que el mayor porcentaje de inhabilitados (62%) se presenten en el gobierno central, por la mayor cantidad de trabajadores en este sector con respecto al ámbito regional y municipal, pero también por la mayor ejecución de gasto, el cual genera un alto riesgo de cometer faltas administrativas.

En ese sentido, informó que las principales causas para esta sanción son los vicios en los procesos de contrataciones públicas, la falta de conocimiento de las reglas de juego del Estado y los errores en la aplicación de las normas.

Desarrollo de capacidades

Ante este panorama, Meza señaló que, si bien hay que sancionar a quienes cometen errores, el objetivo de Servir es desarrollar las capacidades de los trabajadores públicos para que justamente se pueda prevenir este tipo de problemas.

“Tenemos que entrar a una cultura de prevención más que a una cultura de sanción, porque en realidad sancionar no necesariamente nos hace avanzar en el sector público. La prevención nos va a permitir llegar a los resultados que necesitamos y generar la eficiencia que queremos. Cuando sancionamos estamos simplemente separando a la gente de sus trabajos, pero no solucionamos ningún problema”, señaló.

Por el contrario, anotó que sancionar a un servidor afecta la ejecución del gasto público, el ciclo de trabajo que está detrás de toda persona que comete una falta, lo que a la larga afecta a la entidad en su conjunto.

Bajo esa mirada, Servir inició en enero pasado un proceso de capacitación a las nuevos gobernadores y funcionarios regionales que asumieron funciones a principios de año, y que en su gran mayoría se trató de profesionales que forman parte de los equipos de confianza de los candidatos ganadores.

Se ha llegado a 19 regiones, capacitando a 5,000 funcionarios en temas de integridad, como transparentar las gestiones en las áreas de compras, ejecución de obras, contratación de personal. También en temas como nepotismo, la inconveniencia de mantener reuniones de nivel personal con proveedores, y las causas más frecuentes de apertura de procesos disciplinarios.

Debido a que un buen número de sanciones se debe a las contrataciones públicas, se ha coordinado con el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) la capacitación de los servidores que trabajan en las áreas de Logística sobre las faltas más comunes que se cometen en este terreno, y cómo evitarlas.

Cultura de integridad

Magali Meza destacó el avance de la cultura de probidad en el sector público, gracias a los nuevos mecanismos de transparencia dados por Servir y por la Secretaría de Integridad Pública (SIP) de la PCM, como parte de la lucha contra la corrupción.

Señaló que hay una intensa campaña en las instituciones del Estado para actualizar los códigos de ética, promover la transparencia en el sector público, con una política de rendición de cuentas.

A ello se agrega que los altos funcionarios deben presentar la declaración jurada de bienes y rentas, así como la de intereses y parentesco, a fin de evitar el tráfico de influencias y el nepotismo.

La Declaración Jurada de Intereses es una herramienta de integridad que transparenta los vínculos e intereses de los altos funcionarios con capacidad de manejo de recursos públicos. Los datos están disponibles para toda la ciudadanía. El documento se presenta al inicio del vínculo laboral y cuando este finaliza.

Datos

Perú cuenta con 1’450,000 trabajadores únicos que dependen del Estado peruano, de acuerdo al reporte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de octubre del 2018, con base en la declaración de las entidades estatales.

Los trabajadores únicos del sector público están conformados por aquellos que generan rentas de quinta categoría en instituciones del Estado o que trabajan bajo la modalidad CAS.

El 29 de mayo de cada año se celebra en nuestro país el Día del Servidor Público, fecha instituida en 1950.


Fuente: Andina