La fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, tiene 206 pruebas o elementos de convicción de que hubo irregularidades en el proceso de licitación del Gasoducto Sur.

Así lo revela el documento fiscal al que accedió Gestión y que fue usado para el pedido de impedimento de salida por seis meses contra la exprimera dama Nadine Heredia y otros 26 investigados.

Según el oficio, Mori cuenta con las versiones de cuatros testigos que afirman de una injerencia de Heredia Alarcón en el proceso de licitación. Ellos son el testigo protegido 01-3-2016, los empresarios José y Hernando Graña y el exfuncionario de Proinversión Luis Sánchez Torino.

Por esta razón, la esposa del expresidente Ollanta Humala es investigada por el presunto delito de colusión. Asimismo, la fiscal tiene la declaración del exnacionalista Daniel Abugattás, quien dijo que Nadine Heredia tenía una oficina en Palacio de Gobierno.

La Fiscalía también da cuenta del reporte migratorio de Jorge Barata quien estuvo en Perú desde noviembre de 2010 y junio de 2011. Según la versión del testigo protegido, Barata participó en una reunión con Ollanta Humala y Nadine Heredia en 2011.

En dicha cita, Barata habría comentado que para Odebrecht era una prioridad el proyecto Gasoducto Sur. Además, Mori posee documentos que demostrarían irregularidades de cuatro exministros humalistas.

Papel de exministros

Los exminstros René Cornejo Díaz (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Jorge Merino Tafur (Energía y Minas), Carlos Paredes Rodríguez (Transportes y Comunicaciones) y Luis Miguel Castilla Rubio (Economía y Finanzas) son investigados por presunta colusión.

Según la fiscal, dichos exfuncionarios habrían cometido el delito de colusión, a fin de favorecer a Odebrecht en la licitación de la mencionada obra. La decisión de abrir indagación preliminar se tomó el último 20 de setiembre.

Sobre la actuación de los ministros, hay dos hechos que sustentan la investigación de la Fiscalía. El primero se refiere a que todos ellos participaban en el Consejo Directivo de ProInversión, la institución a cargo de la licitación. “Varias de las sesiones en las que adoptaron decisiones trascendentales fueron sesiones no presenciales”, señala la fiscal Mori.

Luego la magistrada añade que “no se realizaba deliberación alguna y que no era posible realizar votaciones. Este despacho fiscal sostiene que habrían simulado tomar decisiones”.

Abogados cuestionados

El otro hecho es que para Geovana Mori, tanto Castilla como Cornejo habrían coordinado con los abogados del estudio jurídico Delmar Ugarte, entre ellos Miguel Ángel Ronceros y Luis Miguel Peschiera, a fin de que emitieran un pronunciamiento en media hora sobre el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que fue descalificado del proceso, dejando vía libre a Odebrecht.

Dicho estudio cumplía la tarea de asesor jurídico del Comité de Seguridad Pro Energética, adscrito a ProInversión.


Fuente: Gestión