Narcopartidos ya no financian política: ellos son la política peruana

Analista sostuvo en Pachamama Radio que crimen organizado busca controlar presupuesto público y elecciones con millones del narcotráfico y minería ilegal

Especialista Jaime Antezana afirmó que el narcotráfico creó partidos para capturar el Estado; menciona a Podemos Perú, APP y Fuerza Popular en alerta política nacional

El especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana Rivera afirmó que el crimen organizado ya no financia campañas políticas desde las sombras, sino que creó sus propios partidos. Según dijo, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular se habrían convertido en instrumentos directos del narcotráfico para capturar el Estado peruano.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que esta transformación ocurrió a inicios del siglo XXI, cuando los narcotraficantes abandonaron el rol de financistas anónimos para postularse ellos mismos al poder, instalando congresistas, alcaldes y operadores propios dentro de las instituciones del país.

«El narco hace que la corrupción llegue a niveles nunca antes vistos», advirtió Antezana, quien agregó que estas estructuras criminales no solo mueven droga, sino que están preparadas para saquear sistemáticamente las arcas del Estado.

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Fortunas ilegales disfrazadas de éxito empresarial

Alianza para el Progreso presenta su origen como una pequeña academia de ingeniería en Trujillo; sin embargo, según Antezana, nadie construye un imperio económico de esa magnitud sin capital inicial proveniente, en su versión, del clan Sánchez Paredes y el tráfico de cocaína.

Fuerza Popular, por su parte, habría heredado un régimen que operó como narcoestado en los años noventa, con narcoaviones, narcobuques y pistas de aterrizaje financiadas por carteles. El especialista sostuvo que el partido se consolidó como «narcopartido» en 2016, incorporando figuras del crimen organizado de regiones como Puno, Ayacucho y Apurímac.

Las consecuencias, advirtió, son concretas: estas organizaciones no buscan solo mover droga, sino acceder al presupuesto nacional, combinando corrupción institucional, tráfico de terrenos y evasión fiscal una vez instaladas en el gobierno.

Millones del crimen financiarán la próxima batalla electoral

La minería ilegal escaló de 3.900 a 12.000 millones de dólares en actividad, mientras el narcotráfico moviliza más de 4.000 millones, configurando dos fuentes de financiamiento ilegal que, según Antezana, competirán por capturar congresistas y gobiernos regionales en las próximas elecciones.

«Si el fujimorismo hubiera ganado la presidencia, nos convertíamos en un narcoestado», alertó el especialista, subrayando que el riesgo no es hipotético sino estructural, dado que partidos de origen cuestionado han disputado el poder presidencial en cada proceso electoral reciente.

La advertencia central de Antezana es que la población tiende a normalizar las grandes fortunas políticas sin cuestionar su origen, lo que permitiría al crimen organizado avanzar hacia el control del Estado, sus recursos fiscales y las decisiones que afectan la vida de millones de peruanos.

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