El coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en San Román, Nivardo Enríquez Barriales, cuestionó la falta de compromiso del gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, y de los consejeros regionales con la seguridad ciudadana en Juliaca y otras provincias.
Según Enríquez, en la última sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), los consejeros desconocían las cifras de delitos en la región, mientras que el gobernador, quien preside el comité, ni siquiera asistió a la reunión.
Señaló que este desinterés demuestra que no existe un trabajo articulado para combatir la inseguridad en Puno. «Las autoridades no están tomando acciones concretas», advirtió, y agregó que, en la reunión, se evidenció la falta de un plan claro para enfrentar la ola delictiva que afecta a Juliaca y otras localidades.
También lamentó que, a solo ocho meses de culminar su gestión, los consejeros regionales recién pidieran información sobre los índices de criminalidad, como si el problema no fuera una prioridad. «No pueden fiscalizar lo que no conocen», criticó, al señalar que esta actitud refleja una falta de seriedad en el manejo de la seguridad pública.
Otro punto preocupante, según Enríquez, es que en el Consejo Regional no existe ninguna ordenanza que aborde la lucha contra la inseguridad. «Sin normas ni estrategias, es imposible avanzar», afirmó.
En ese sentido, instó a las autoridades a tomar medidas urgentes y trabajar de manera coordinada. «La ciudadanía exige respuestas, no indiferencia», recalcó, al señalar que la falta de acción solo agrava el problema.
