El presidente de la Asociación de Docentes Jubilados y Cesantes de la UNA Puno (ADJUCE), Rogelio Araca Quispe, denunció que 44 docentes jubilados mantienen una lucha de 18 años para que les paguen pensiones homologadas, según sentencia judicial ganada desde 2008, en medio de la indiferencia de seis rectores que han pasado por la institución.
La cifra de afectados se redujo drásticamente desde 2008, cuando iniciaron el proceso judicial con 69 docentes cesantes, hasta la actualidad con solo 44 sobrevivientes. Los 25 fallecidos no lograron ver cumplida la sentencia que ordena el pago de remuneración homologada con magistrados, que alcanzaría aproximadamente 1,900 soles mensuales para quienes cumplieron 30 años de servicio.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó aprobar un decreto supremo de transferencia presupuestaria solicitado por la universidad, tras demostrar mediante análisis que la institución cuenta con saldos suficientes. La ejecución presupuestaria al mes de noviembre muestra apenas 51% ejecutado en la partida «otros», dejando disponibles cerca de 2 millones de soles cuando solo necesitan 1 millón 500 mil para pagar ocho meses acumulados.
Universidad tiene recursos pero no voluntad política
«No somos prioritarios en la atención», reveló Araca Quispe sobre la posición del rector actual, Paulino Machaca Ari, quien prometió solucionar el conflicto en dos años pero su gestión concluye sin avances. Las autoridades universitarias argumentan falta de recursos pese a que el informe técnico del MEF demuestra disponibilidad presupuestaria, situación que los cesantes califican como ausencia de voluntad política y técnica para cumplir resoluciones judiciales.
Los montos actuales que perciben los docentes cesantes oscilan entre 1,200 y 1,700 soles mensuales, cifras insuficientes para cubrir gastos médicos de una población que supera los 75 años en promedio. «Los que están muy enfermos no pueden ni siquiera pagar sus medicinas, ni siquiera contratar una enfermera», expresó una docente cesante durante la protesta, evidenciando la precariedad económica que atraviesan quienes dedicaron décadas a la formación universitaria.
El proceso judicial estableció que las pensiones deben calcularse según las remuneraciones que percibían los magistrados hasta 2004, año en que cesaron la mayoría de docentes afectados. La Ley de Nivelación 23495, que permitía recalcular pensiones automáticamente, fue derogada con la modificación constitucional, congelando las pensiones al año 2004 sin posibilidad de actualizaciones posteriores pese a los incrementos salariales del personal activo.
Seis rectores ignoraron sentencias judiciales
La doctora Marta Tapia inició la cadena de incumplimientos presentando nulidad de cosa juzgada contra la sentencia favorable a los docentes. Posteriormente, el doctor Lucio Ávila prometió apoyo inicial pero terminó ratificando la nulidad, mientras Edgardo Pineda tampoco concretó soluciones pese a gestiones realizadas hasta en Lima con el viceministro de Hacienda, reunión donde las autoridades universitarias presentes no informaron las cifras requeridas.
Los docentes cesantes tomaron el rectorado de la UNA Puno exigiendo atención inmediata, tras esperar desde las 8:30 de la mañana sin recibir respuesta del rector ausente. «Estamos dispuestos, aunque sea nos vamos a encadenar ahí, vamos a tomar el rectorado, pero vamos a luchar hasta nuestras últimas consecuencias», advirtió una representante del grupo, señalando que funcionarios menores argumentan no poder resolver nada sin presencia del máximo responsable institucional.
La modificación del aplicativo informático de Recursos Humanos (AIR) del MEF ya fue aprobada con las nuevas pensiones calculadas mediante peritaje judicial, pero la universidad prefirió solicitar transferencia presupuestaria en lugar de utilizar recursos propios disponibles. El trámite pasó cuatro meses en el Ministerio de Educación, fue anulado por mala justificación, reelaborado y finalmente rechazado por el MEF al constatar que existen saldos presupuestarios suficientes para cumplir la obligación judicial sin necesidad de recursos adicionales.
