La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) enfrenta una posible irregularidad en el proceso de nombramiento excepcional de docentes contratados. El Órgano de Control Institucional (OCI) identificó que algunos requisitos establecidos por la universidad podrían contradecir lo estipulado en la Ley N° 32171, lo cual pone en riesgo la legalidad y transparencia del proceso.
Según el informe emitido el 12 de diciembre de 2024, los lineamientos de la UNA incluyeron requisitos adicionales que no están contemplados en la ley, como la resolución rectoral que acredita el contrato docente hasta una fecha específica. Esto incumpliría el artículo 2.2 de la Ley 32171, donde se prohíbe agregar exigencias no previstas en la norma.
El informe señala que la ley establece claramente que los docentes deben acreditar tres condiciones: experiencia mínima de cinco años en docencia o ejercicio profesional, vínculo laboral hasta el semestre 2023-2 y haber obtenido una plaza por concurso público. Cualquier requisito adicional vulnera el principio de legalidad.
El OCI recordó que toda acción contraria a la ley puede acarrear responsabilidad administrativa o penal. En ese sentido, la universidad deberá revisar los lineamientos para evitar que el proceso se invalide y garantizar su transparencia.
La autonomía universitaria, aunque protegida por la Constitución, no exime a las instituciones de cumplir con las leyes nacionales. Las normas internas no pueden contradecir lo establecido en el marco legal vigente, como lo precisa el principio de legalidad del procedimiento administrativo.
El informe recomienda a las autoridades de la UNA adoptar acciones correctivas en un plazo de cinco días hábiles y comunicar al OCI sobre las medidas tomadas para resolver esta situación adversa.
Este hecho ha generado preocupación, pues podría afectar el proceso de nombramiento de docentes, considerado clave para la estabilidad académica de la universidad. La transparencia y el cumplimiento de la ley son aspectos fundamentales para asegurar la confianza en este tipo de procesos.
Finalmente, la OCI ha dejado claro que vigilará las acciones de las autoridades universitarias para garantizar que el nombramiento excepcional de docentes se realice conforme a la ley. La comunidad espera que este proceso se regularice pronto para no retrasar los objetivos académicos de la institución.
