La nueva jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, reconoció no tener conocimiento exacto sobre la cantidad de conflictos sociales que afectan actualmente a la región. Durante una entrevista con la prensa, la funcionaria no pudo precisar cifras y solo mencionó, tras revisar una ayuda memoria en su celular, que existen 6 conflictos activos, 2 en observación y 1 latente, relacionado con el Colegio Politécnico Huáscar.
Cáceres Ortega explicó que, por el momento, no domina los detalles de cada conflicto y que el abogado Jaime Calapuja, comisionado a cargo, sería el encargado de brindar información más precisa.
La funcionaria admitió que su experiencia previa está vinculada al sector educación, pero que asume este nuevo rol como un reto profesional, sin intereses políticos. Sin embargo, su falta de claridad al responder generó dudas sobre su capacidad para administrar una institución que requiere conocimiento inmediato y acción rápida ante crisis sociales.
Las declaraciones de la jefa regional no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios expresaron su descontento. Comentarios como «Es una vergüenza, no sabe nada» o «Está en la luna, deben cambiarla de este cargo», reflejaron la preocupación y desconfianza de la población.
Algunos cibernautas, como Víctor Mejía, incluso señalaron que su designación respondería a intereses políticos, vinculándola con el congresista Flavio Cruz.
El cargo que ocupa Cáceres Ortega es estratégico, ya que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de prevenir, monitorear y mediar en conflictos que pueden escalar y afectar la paz social. En Puno, una región con historial de protestas y tensiones, se espera que sus autoridades conozcan a profundidad la problemática local para actuar con eficacia.
La funcionaria insistió en que su trayectoria como abogada defensora en diversos casos la respalda, pero los ciudadanos exigen más. Para muchos, no basta con buena voluntad: se necesita experiencia y manejo de información para enfrentar los desafíos que enfrenta Puno, donde los conflictos sociales suelen estar relacionados con minería, educación y demandas territoriales.
