La tensión escaló cuando el obispo Ciro Quispe López envió una carta notarial al gobernador regional Richard Hancco Soncco, exigiendo el desalojo del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Chucuito en un plazo de 72 horas. La misiva, fechada el 29 de mayo, califica como «irregular e ilegal» el funcionamiento de la institución educativa en el inmueble ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Puno-Chucuito.
Sin embargo, el documento carece de sustento legal válido debido a que el poder notarial presentado por Quispe López fue revocado tras el nombramiento de nuevos obispos en las jurisdicciones copropietarias. El inmueble pertenece conjuntamente a la Prelatura de Juli, la Prelatura de Ayaviri y la Diócesis de Sicuani, por lo que cualquier decisión requiere el consenso de las tres partes involucradas.
El conflicto trasciende lo administrativo para convertirse en una disputa económica por el monto del alquiler mensual del establecimiento educativo. Mientras el obispo de Juli exige un incremento que elevaría la renta a 50,000 soles mensuales, las otras dos jurisdicciones eclesiásticas proponen un aumento más moderado que alcanzaría los 40,000 soles.
Óscar Macedo Cárdenas, gerente general del Gobierno Regional de Puno, explicó que la diferencia de 10,000 soles podría destinarse a mejoras en la infraestructura educativa, incluyendo la rehabilitación de baños, servicios de agua y desagüe. Esta propuesta fue socializada con los padres de familia durante una reunión realizada a mediados de marzo, según confirmó el funcionario regional.
El poder presentado por Quispe López data del 26 de septiembre de 2023 y únicamente cuenta con la firma del entonces obispo de Sicuani, Pedro Bustamante López. El documento no acredita representación de la Prelatura de Ayaviri, una de las copropietarias del inmueble, lo que invalida legalmente cualquier acción unilateral por parte de la Prelatura de Juli.
Macedo precisó que el artículo 153 del Código Civil establece que los poderes especiales tienen una vigencia máxima de un año, por lo que el documento presentado perdió validez en septiembre de 2024. Además, el nombramiento de nuevos obispos en Sicuani y Ayaviri revocó automáticamente cualquier representación previa otorgada al obispo de Juli.
La administración regional mantiene su posición de no suscribir convenio alguno hasta que las tres jurisdicciones eclesiásticas designen un representante común con poder vigente. El Ministerio de Educación transfirió 600,000 soles anuales para el alquiler del predio, lo que equivale a 50,000 soles mensuales, cifra que coincide con la exigencia del obispo Quispe López.
Las autoridades regionales consideran que la carta notarial constituye una estrategia de presión para acelerar las negociaciones, aunque insisten en que cualquier acuerdo debe respetar los procedimientos legales establecidos y contar con el respaldo de todos los copropietarios del inmueble donde funciona el COAR.
