La ejecución de obras públicas sin estudios técnicos adecuados está generando infraestructura deficiente en Puno, donde proyectos millonarios terminan como elefantes blancos por falta de planificación. El abogado Jacinto Ticona Huamán alerta que gobiernos regionales y municipales continúan invirtiendo recursos del Estado en construcciones que se deterioran rápidamente o quedan inoperativas desde su inauguración.
Ticona Huamán fue exjefe de la oficina defensorial de Puno y ahora señala que estas deficiencias afectan principalmente el diseño, la ejecución y la supervisión de los proyectos. Las obras se convierten en infraestructura inútil porque carecen de estudios técnicos suficientes, lo que representa un uso ineficiente del dinero público pese a las altas inversiones realizadas.
Un jardín en Taraco presenta filtraciones desde su construcción, obligando al personal a reubicar a los niños en otros ambientes por los problemas estructurales. «Desde que se ha construido hasta ahí y tenemos que hacer malabares para poder, digamos, trasladar a los niños a otro ambiente», comentó el abogado tras conversar con la directora del establecimiento educativo.
El colapso del coliseo de Salcedo cobra especial relevancia porque provocó la muerte de una persona y evidenció las graves consecuencias de ejecutar obras sin control técnico ni planificación. Este caso demuestra que la falta de supervisión adecuada no solo desperdicia recursos públicos, sino que también pone en riesgo la vida de los ciudadanos puneños.
Jacinto Ticona Huamán hace un llamado a las autoridades para que en su último año de gestión no aceleren proyectos por razones políticas ni para colocar placas con sus nombres. «No apresuren obras, no lo hagan rápido porque por cumplir o por inaugurar», advirtió el abogado al referirse a la urgencia que caracteriza este período electoral en gobiernos locales.
El especialista plantea que las prioridades deben enfocarse en servicios básicos como el acceso al agua potable antes que en obras visibles como plazas o monumentos. Esta recomendación busca que las inversiones públicas respondan a las necesidades reales de la población puneña y no solamente a intereses de imagen política o electoral de las autoridades salientes.
