El Órgano de Control Institucional de la Diresa Puno detectó indicios de irregularidades en asignación de funciones a trabajadores, el informe oficial señala que estas acciones se habrían realizado fuera del marco normativo y afectan la legalidad en la administración pública regional.
El informe revela que existen resoluciones de encargatura emitidas pese a que las plazas directivas permanecen vacantes, lo cual contraviene las normas que solo autorizan encargos ante ausencia temporal de un titular debidamente designado en el cargo.
También se advierte que los registros administrativos presentaron inconsistencias, el caso de puestos como el director regional adjunto y otras jefaturas resalta porque no contaban con titulares y aun así se hicieron encargos de funciones sin respaldo legal.
La OCI remarca que estas prácticas vulneran procedimientos establecidos en el reglamento de desplazamiento de personal y en los manuales internos, el sistema informático presentó además deficiencias en el registro de plazas ocupadas y vacantes.
Al observarse estas situaciones adversas, el titular de la Diresa Puno debió adoptar y comunicar medidas correctivas en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, sin embargo, no cumplió con este requisito ni respondió a los reiterados oficios del órgano de control.
El informe exhorta a corregir inmediatamente tales irregularidades, solicita que se descarte toda posibilidad de acciones sin sustento y que se deslinden responsabilidades entre quienes permitieron la emisión y mantenimiento de respaldos administrativos fuera de la normativa vigente.
La OCI exige al Gobierno Regional de Puno un plan de acción concreto, el órgano de control advierte que estas irregularidades no solo afectan la transparencia, sino que ponen en riesgo el adecuado uso de recursos estatales en el sector salud durante el 2025.
