La Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Protestas rechazó la decisión del Congreso que traslada a militares y policías al fuero militar en casos de graves violaciones de derechos humanos, porque considera que la norma abre más espacio para la impunidad en el Perú.
La organización sostuvo que esa medida impide que la justicia ordinaria investigue a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, lo que cierra el camino para una pesquisa independiente e imparcial en los casos de 2022 y 2023.
ONAFAMYVM advirtió que esta decisión se suma a una cadena preocupante, marcada por muertes bajo custodia estatal, denuncias de tortura en instituciones militares, liberaciones cuestionadas y abandono histórico de regiones en servicios como la educación pública.
El colectivo remarcó que la justicia militar no debe intervenir en hechos que involucren a civiles, porque esa vía vulnera estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y protege a los responsables de posibles abusos.
Por eso, la organización exigió la derogatoria inmediata de la norma, además de garantías para que los casos se investiguen en la justicia ordinaria, sin trabas ni privilegios para los implicados.
Finalmente, ONAFAMYVM pidió a organizaciones sociales, medios de comunicación y a la comunidad internacional mantenerse vigilantes, mientras reafirma que seguirá reclamando justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias.
