Organizaciones sociales de la provincia de El Collao ratificaron su participación en el paro nacional del 14 de mayo, durante una asamblea realizada este martes 6 de mayo. El comité autoconvocado exige la conclusión del Gasoducto Sur Andino y rechaza el proyecto costero promovido por el gobierno de Dina Boluarte, al considerarlo excluyente para Puno.
Los acuerdos incluyen la derogatoria de la Ley 32293, que modifica el régimen de propiedad comunal, y del paquete legislativo 32108, vinculado al aumento de la criminalidad. Las organizaciones argumentan que estas normas afectan derechos fundamentales de las comunidades campesinas y la seguridad ciudadana.
El decreto legislativo 1620, que regula el uso del agua, también figura entre las demandas por su posible impacto en la privatización de fuentes hídricas. A esto se suma el rechazo a la Ley 32242, que facilita el despido de docentes, considerada un ataque a la estabilidad laboral del magisterio.
La asamblea rechazó de forma unánime los proyectos mineros Tía María y La Tapada, catalogados como depredadores y contaminantes. Los participantes exigieron la cancelación definitiva de estas iniciativas, junto con una moratoria para proyectos similares en todo el país.
El paro del 14 de mayo busca consolidarse como una protesta unitaria a nivel nacional, con énfasis en la masificación del gas por ducto para impulsar el desarrollo industrial de Puno. Las organizaciones insisten en que el gasoducto costero no beneficia a las regiones altoandinas.
La provincia de El Collao, de mayoría aymara, ratificó su compromiso con la movilización, reafirmando su oposición a las políticas del gobierno central. La convocatoria mantiene un tono de protesta social, pero también de reivindicación por los derechos territoriales y recursos naturales de la región.
