El proyecto de banda ancha en Puno se convirtió en una pesadilla para 293 mil personas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PRONATEL adjudicaron en 2018 a OROCOM S.A.C. la instalación de internet en 471 localidades. Cinco años después, el servicio no funciona y las comunidades exigen respuestas.
El proyecto prometía conectar 635 colegios, 285 postes de salud y 28 comisarías con una inversión de S/ 389 millones. Según el Ministerio de Economía, el avance físico es del 73.8% y el financiero del 74.2%. Sin embargo, las antenas instaladas son «elefantes blancos» que no brindan conectividad.
Comunidades afectadas en el desamparo digital:
Los niños de Ácora siguen subiendo cerros para acceder a internet limitado. Germán Marca Flores, presidente de la comunidad Cucho Esqueña, denunció que no tienen agua, desagüe ni televisión. «Solo contamos con una radio», afirmó preocupado Ceferino Arocutipa, vicepresidente de la comunidad.
La posta médica local tiene computadoras sin conexión. Una enfermera viaja 50 minutos a Puno para enviar planillas. «El internet es tan limitado que solo usamos el celular», confesó. Esta realidad se repite en más de 400 comunidades que deberían estar conectadas desde 2021.
OROCOM debe:
Noé Quispe Colca, dueño de R&C Geoestudios, perdió S/ 148 mil y una camioneta. «OROCOM nos dejó en la ruina», declaró indignado. Diecinueve empresas de Junín, Puno, Moquegua y Tacna reclaman S/ 20 millones en deudas. «Exigimos soluciones», demandaron los afectados.
Otros empresarios de Puno como Wilfredo Celis Rivas de Casur, Albert Huancco Kana de Hanccociviltel, Herbert Chara Paco de H&M Chara; Roxana Tapia de Marve Perú y Asociados; Marco Antonio Rezza de Resguardo, Roy Gavilán de Sergav; Henry Huacho de Grupo H Ventas y Servicios, y otras empresas exigen pagos de 70 mil a más de 850 mil soles que no les pagaron por servicios prestados a OROCOM.
Las comunidades también exigen pago de deudas por alquiler de terrenos por S/ 300 a S/ 1,000 mensuales, pero OROCOM no pagó. «Nunca más se aparecieron», denunciaron los comuneros, quienes amenazan con destruir las antenas inoperativas.
Conectividad incumplida:
La Ley de Promoción de Banda Ancha garantizaba internet como derecho básico. PRONATEL y el MTC prometieron 2,556 km de fibra óptica. Hoy, el avance es del 81.37%, pero la conectividad sigue siendo un sueño lejano para los puneños.
El proyecto incluía 471 Espacios Públicos de Acceso Digital con internet gratuito. Sin embargo, las comunidades siguen aisladas. «Nos burlan con antenas que no funcionan», expresó un comunero, reflejando la frustración.
Como en los 90:
Treinta niños en Acora estudian como en los años 90. «No tenemos acceso a la virtualidad», lamentó un docente. La falta de internet limita su educación y desarrollo, perpetuando la brecha digital en la región.
Las postas médicas operan sin herramientas digitales básicas. «Redactamos documentos a mano», admitió una enfermera. La falta de conectividad afecta la atención de miles de pacientes que dependen de estos centros.
