El ex primer ministro Alberto Otárola compareció por segunda vez ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, revelando detalles inéditos sobre la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte en junio de 2023, un procedimiento que nunca fue informado oficialmente.
«No puedo mentir acá», afirmó categóricamente Otárola durante su presentación, señalando directamente a la mandataria por presuntamente ocultar información sobre una operación nasal realizada el 28 de junio del año pasado en la Clínica Estética Cavani.
Sin embargo, surgieron revelaciones que Otárola prefirió no hacer a los congresistas, aunque sí a la Fiscalía de la Nación. Estas declaraciones involucran a un alto funcionario de palacio, estrechamente ligado a los hermanos Boluarte.
Según su testimonio fiscal, el secretario general de Palacio de Gobierno, Enrique Vilchez, tenía conocimiento previo del estado de salud de la presidenta mientras el gabinete ministerial permanecía desinformado sobre la verdadera situación médica de la mandataria.
Revelaciones ante el Ministerio Público
Ante el Ministerio Público, Otárola declaró que fue precisamente Vilchez quien le comunicó que Boluarte «estaba mal de salud» un día antes del Consejo de Ministros del 5 de julio, justificando así su participación virtual en dicha sesión gubernamental.
Según el testimonio ante la Fiscalía, Otárola notó que la voz de la presidenta sonaba «resfriada» durante llamadas telefónicas realizadas los días 29 y 30 de junio, inmediatamente después de la intervención quirúrgica a la que se sometió Boluarte.
Otárola confirmó a los fiscales que efectivamente percibió cambios físicos en la presidenta semanas después, cuando observó que «la parte correspondiente a la nariz estaba un poco distinta» durante un evento presencial realizado entre el 9 y 12 de julio.
El ex primer ministro enfatizó que la mandataria nunca le informó personalmente sobre la operación, aunque mencionó problemas respiratorios previos relacionados con sus fosas nasales que le dificultaban dormir, según precisó en su declaración ante el Ministerio Público.
Implicaciones constitucionales
La controversia escaló cuando el exjefe del gabinete ministerial confirmó que Boluarte nunca comunicó a su Consejo de Ministros ni al Congreso sobre la intervención quirúrgica, contraviniendo potencialmente el artículo 115 de la Constitución peruana sobre incapacidad temporal.
Vilches, colaborador cercano de Boluarte desde su etapa como ministra en el gobierno de Pedro Castillo, mantiene una relación de máxima confianza con la mandataria, acompañándola incluso en sus viajes internacionales y reuniones estratégicas.
La participación virtual de Boluarte en el Consejo de Ministros del 5 de julio resulta particularmente controversial porque ese día firmó el Decreto Supremo 078 declarando estado de emergencia en distritos de Moquegua por el proceso eruptivo del volcán Ubinas, sin mostrar su imagen en la videoconferencia.
El testimonio del ex funcionario podría tener graves consecuencias constitucionales para Boluarte, quien según Otárola debió solicitar formalmente su incapacidad temporal mientras se recuperaba de la intervención, permitiendo que el presidente del Congreso asumiera temporalmente el mando.
Consecuencias legales
El cirujano Mario Cavani Ravelo confirmó haber realizado la intervención quirúrgica a Boluarte, precisando que los servicios fueron contratados por Ilia Boluarte Zegarra, hermana de la presidenta, a través de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL.
La Comisión de Fiscalización aprobó un informe preliminar sobre el caso, calificándolo como «lapidario para la mandataria» por no informar al Congreso sobre su incapacidad temporal para ejercer el cargo presidencial durante su recuperación postoperatoria.
El congresista Burgos anunció que promoverá una denuncia constitucional contra Boluarte, argumentando una «violación explícita» de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución peruana, con posible respaldo de su bancada parlamentaria.
Los próximos días serán determinantes para el futuro político de la jefa de Estado, mientras el proceso investigativo avanza en múltiples frentes y el testimonio de Alberto Otárola podría convertirse en pieza clave para eventuales acciones constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte.
