Padres de familia de la escuela María Auxiliadora en Puno expresaron su descontento por los cobros adicionales que deben realizar para matricular a sus hijos. Según los afectados, se les exige un pago anual de 120 soles por estudiante para la contratación de docentes de inglés y psicólogos, además de 30 soles para la APAFA, montos que consideran excesivos y poco transparentes.
Raúl Choquehuanca, subdirector de la institución, defendió los cobros, explicando que fueron aprobados en una asamblea general el año pasado. Indicó que los 120 soles son un pago único anual destinado a cubrir los salarios de tres docentes de inglés y tres psicólogos, ya que el presupuesto de la UGEL no alcanza para estos gastos. Choquehuanca aseguró que la mayoría de los padres ya realizaron el pago sin presentar objeciones.
Sin embargo, algunos padres cuestionan la transparencia del proceso y exigen mayor claridad sobre el destino de los fondos. Choquehuanca atribuyó el malestar a “unos cuantos padres” que, según él, desconocen los acuerdos tomados en las asambleas generales. Los afectados señalaron que la institución carece de mantenimiento básico y sospechan que las cuotas podrían no estar siendo utilizadas correctamente.
El subdirector aclaró que los 30 soles para la APAFA no superan el límite legal de 85 soles establecido por ley. “La matrícula es gratuita, lo que se cobra son derechos de APAFA y un fondo para mejorar la educación”, recalcó. A pesar de esto, la escuela enfrenta una grave falta de presupuesto, ya que recibe solo 6,000 soles anuales para cubrir los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria.
Choquehuanca explicó que los pagos buscan suplir las carencias del sistema educativo. “Con 2,000 soles por nivel no hacemos nada”, afirmó, refiriéndose al insuficiente presupuesto asignado por la UGEL para mantenimiento y otras necesidades urgentes. Además, los padres deben firmar compromisos que garantizan el cumplimiento de las normas institucionales por parte de sus hijos, un requisito que algunos consideran excesivo.
La situación ha generado tensiones entre los padres y la dirección de la escuela, mientras se espera que las autoridades educativas intervengan para brindar mayor claridad y resolver las quejas de la comunidad. Por ahora, el debate sobre los cobros adicionales y su transparencia sigue abierto, dejando en evidencia las dificultades que enfrentan las instituciones educativas públicas para cubrir sus necesidades básicas.
