La empresa Covanor abandonó oficialmente la primera etapa del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado de Juliaca, según declaró Juan Carlos Córdoba Lizárraga, coordinador general de la Unidad Coordinadora del Proyecto. Esta situación obligó a las autoridades a rescindir el contrato tras múltiples ampliaciones de plazo otorgadas a la empresa constructora.
El contrato original establecía un plazo de ejecución de 120 días que debía concluir el 22 de enero del 2025. Sin embargo, la Unidad Coordinadora del Proyecto otorgó tres ampliaciones consecutivas por 135 días adicionales, totalizando más de 155 días de trabajo con solo 71 por ciento de avance según datos oficiales del Ministerio de Economía.
Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de Barrios de la provincia de San Román, sostiene que esta situación “expone las serias irregularidades que se cometen” en el proyecto integral. Además, señaló que el expediente técnico de las metas priorizadas presenta inconsistencias importantes en su elaboración y firma.
El expediente técnico de los sectores AD-02, AD-04 y AD-07 fue firmado por el ingeniero civil Henry Eduardo Bautista Mejía “sin ser el autor” de dicho documento. Cabrera Chunga indicó que este profesional “ha estado cuestionado en el periodo del señor Castillo” y trabajaba anteriormente en el Ministerio de Transportes.
Francisco Delgado Calderón, gerente general de Covanor, y Juan Carlos Córdoba Lizárraga suscribieron el contrato para ejecutar las metas priorizadas del proyecto. No obstante, según el expediente original del Ministerio de Vivienda, estos trabajos “nunca hemos manejado simplemente” como primera etapa, sino como metas específicas del proyecto integral.
Cabrera Chunga responsabiliza de estas irregularidades a nueve integrantes del comité central de gestión del proyecto, quienes habrían actuado “en complicidad” con las decisiones cuestionables. Específicamente señaló a Carmelo Quispe, dirigente de salida a Lampa, quien “ha estado induciendo a los dirigentes” a aceptar estas condiciones irregulares.
“Hay una acusación bastante seria” contra Quispe, quien habría “alquilado su propio domicilio para esta empresa”, según manifestó Cabrera Chunga. Esta situación es “de conocimiento público” y ha sido difundida en redes sociales y medios de comunicación, agregó el dirigente.
La situación del proyecto se complica por la existencia de “acefalía” en la dirigencia, ya que legalmente permanece vigente Filomeno Gonza como presidente. Los registros públicos confirman que “no hay cambio de titularidad” y que el comité está conformado por 217 presidentes de urbanizaciones, no por nueve dirigentes.
Las licitaciones de la segunda, tercera y cuarta etapa “también caerán en nulidad” debido a procesos irregulares, advirtió Cabrera Chunga. Exigió la presencia del Ministerio de Vivienda y el “cambio y reestructuración” del personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto para evitar el fracaso total.
Tras año y medio desde la colocación de la primera piedra, el proyecto “no tiene ningún avance significativo” y enfrenta serios riesgos. “El ejecutivo central nos engaña, nos vienen estafando con este proyecto desde hace varios años”, concluyó Cabrera Chunga, quien fue excluido de las reuniones por solicitud de ciertos dirigentes.
