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Partido Alianza para el Progreso acumula deuda de S/20 millones con César Acuña

Los créditos superan límites de aportes legales y permiten inyectar más recursos a la campaña presidencial sin violar normas electorales oficialmente

El partido de César Acuña registra millonarias deudas con su fundador, hijos y universidad en informes de la ONPE que exponen préstamos cuestionables

Alianza para el Progreso mantiene una deuda pendiente de casi 20 millones de soles con su fundador César Acuña Peralta, sus hijos y su universidad, según revelan los informes oficiales de la ONPE sobre financiamiento privado correspondientes al año 2024.

El grueso de la deuda se concentra en créditos concertados que alcanzan los 16.931.251 soles. César Acuña Peralta figura con un saldo de 7.185.386 soles, Richard Acuña Núñez con 2.400.000 soles y la Universidad César Vallejo con 1.660.000 soles.

«Entendemos que son préstamos que han realizado estas personas hacia el partido político, lo corriente significa que en la proximidad se va a cumplir y lo no corriente significa una obligación a largo plazo», confirmó un analista consultado.

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El mecanismo de los préstamos

La estrategia financiera aprovecha un vacío legal que permite recibir préstamos sin restricciones, mientras que los aportes directos sí tienen topes establecidos. Han encontrado en la normativa electoral un espacio para obtener recursos superiores mediante créditos políticos sin violar formalmente las reglas.

El impacto de estas deudas es considerable, ya que APP registró aportes totales de solo 419.000 soles en 2024, mientras que sus pasivos acumulados multiplican por casi cincuenta esa cifra, planteando interrogantes sobre su capacidad real de pago.

Además de los créditos concertados, el informe detalla un segundo bloque clasificado como «cuentas por pagar comerciales» que alcanza los 2.761.000 soles, correspondientes a servicios prestados por César Acuña y su universidad al partido, pagables con financiamiento público estatal.

Aportes prohibidos y sentencias

El documento oficial también expone el aporte prohibido de Lorenzo Aldaz, sentenciado por peculado. La ley electoral prohíbe financiamiento de personas condenadas por delitos contra la administración pública, narcotráfico o minería ilegal hasta diez años después de cumplida la pena.

«Obviamente nosotros somos funcionarios públicos y no estamos exentos de que pueda ocurrir algún tipo de denuncia», declaró José Luis Chenet, dirigente de Perú Primero, quien también figura como aportante prohibido por sentencia de tres años de libertad condicional.

Así llegan estos partidos a la contienda electoral de 2025, con deudas millonarias, aportes de sentenciados prohibidos, locales sin documentación en Podemos Perú y declaraciones falsas en Perú Libre, mientras la fiscalización de la ONPE continúa y los ciudadanos evalúan su voto.

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