El expresidente peruano Pedro Castillo fue trasladado de prisión a un hospital este jueves, tres días después de iniciar una huelga de hambre en protesta por su juicio en curso por rebelión. El tribunal que supervisa su caso informó que Castillo, de 55 años, fue transferido debido a un «problema de salud» y para descartar un «trastorno hidroelectrolítico y deshidratación leve».
La fiscalía solicita 34 años de prisión para el exmandatario quien permanece detenido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando pronunció un discurso televisado declarando la disolución del Congreso y su intención de gobernar por decreto. El Congreso lo destituyó ese mismo día, desencadenando una crisis política con repercusiones nacionales.
Castillo ha calificado su juicio como «politizado» y un «pantomima», rechazando la defensa legal proporcionada por el sistema judicial. Durante la apertura del juicio la semana pasada, negó haber cometido rebelión, afirmando que solo «transmitió el deseo del pueblo a través de un discurso político» que ahora le cuesta su libertad.
Huelga de hambre
La agencia penitenciaria peruana ha determinado que la huelga de hambre de Castillo viola las reglas carcelarias, imponiendo la suspensión de sus derechos de visita y colocándolo en aislamiento como medida disciplinaria. Estas acciones han generado preocupación entre sus allegados y antiguos colaboradores.
Walter Ayala, ministro durante la presidencia de Castillo y uno de sus antiguos abogados, reveló que el expresidente solicitó el miércoles una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha solicitud busca ordenar al gobierno peruano el cese de las sanciones impuestas por la agencia penitenciaria.
El caso de Castillo continúa polarizando a la sociedad peruana, mientras su delicado estado de salud añade un nuevo capítulo a la compleja situación política del país, que ha tenido seis presidentes en los últimos siete años, reflejando una inestabilidad institucional sin precedentes en la región.
