El expresidente peruano Pedro Castillo anunció este lunes el inicio de una huelga de hambre como medida de protesta contra el juicio oral que enfrenta por el presunto delito de rebelión, proceso por el cual la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión en su contra.
Castillo, quien permanece detenido desde el 7 de diciembre de 2022 tras declarar la disolución del Congreso en un mensaje televisado, comunicó su decisión mediante una carta pública firmada también por su abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala, donde denuncia “injusticias cometidas” contra su persona.
Expresidente califica proceso como “injusto” mientras autoridades fiscales inician acciones de verificación
El exmandatario de 55 años acusa específicamente a la jueza Norma Carbajal de haber prejuzgado su caso al “forzar el tipo penal de rebelión”, recordando que la magistrada había afirmado anteriormente que la rebelión armada “no requiere violencia física” para configurarse como delito.
En respuesta a esta situación, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita dispuso inmediatamente el inicio de acciones preventivas para verificar la integridad física del interno en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva.
Reacciones y posiciones enfrentadas sobre la situación legal del expresidente
Personal del despacho fiscal se constituyó en el penal ubicado en el distrito de Ate tras la comunicación realizada por el jefe del Área de Salud del establecimiento, quien confirmó que el interno “se negó a recibir alimentos” según la información remitida por el Instituto Nacional Penitenciario.
Walter Ayala, defensor legal de Castillo, declaró a medios locales que “renombrados juristas” e incluso “fujimoristas” han señalado que no existe el delito de rebelión en este caso, calificando la detención como injusta y arbitraria.
“Para mí, en mi opinión, han metido preso a un inocente. La decisión de una huelga de hambre es porque él está haciendo una protesta pacífica para que el Perú y el mundo tenga conocimiento de que Castillo se encuentra preso de manera injusta y arbitraria“, afirmó el abogado.
Como parte de las disposiciones fiscales adoptadas tras conocerse la medida de protesta, las autoridades han solicitado un informe detallado al director del penal mientras el INPE ha calificado la huelga de hambre como “falta disciplinaria grave” en medio del juicio que se le sigue desde el 4 de marzo.