La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional condenó a quince años de cárcel a Abraham Cauna Toma, dirigente vinculado al Movadef, junto a 22 personas más, el pasado 28 de octubre. Carmen Rosa Hualla Muriel, también de Juliaca, recibió una pena similar. La familia y la población de Puno reclaman la nulidad de la sentencia. Mary Quispe, esposa de Cauna, expresó su indignación: “Pedimos libertad para Abraham y otros dirigentes, como la doctora Carmen Hualla”. La familia insiste en que no existen pruebas concretas que respalden las acusaciones de terrorismo.
Cauna es reconocido en Puno como un líder que “siempre veló por los intereses del pueblo”, según su esposa. La defensa argumenta que no se cometieron delitos contra el Estado y exigen la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para parar este atropello a los derechos y la libertad de expresión.
Quispe asegura que “cada día se vulneran nuestros derechos”, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento. La familia teme que las protestas sean reprimidas y que se les intimide por alzar la voz. La población de continúa movilizándose, exigiendo que “no se vulneren los derechos de la ciudadanía”. Quispe reitera que seguirán luchando para que se respeten las garantías constitucionales y se revise el caso.
Mientras la familia espera una respuesta de las autoridades, la defensa busca anular la sentencia y lograr la liberación de Cauna y los demás implicados. “No nos callaremos”, concluye Quispe, enfatizando seguir en espera de la respuesta de organismos internacionales acerca de este caso.
