El dirigente Antero Pimentel Esquivias denunció graves irregularidades en la Municipalidad Provincial de San Román. Acusó al subgerente de operaciones, Damián Yucra de 42 años, de ocultar documentos vinculados a clausuras de locales nocturnos. Pimentel exigió sanciones penales y administrativas contra el funcionario. La denuncia se presentó ante medios locales pidiendo reestructuración municipal inmediata.
Pimentel cuestionó la gestión del alcalde provincial con declaraciones contundentes: «Todos los funcionarios aquí están dedicados a robar a la población, a desfalcar». El dirigente señaló que expedientes contra discotecas y antros desaparecieron misteriosamente. Los documentos perdidos impedirían clausurar establecimientos irregulares en toda la ciudad. La situación genera impunidad en el funcionamiento de locales nocturnos.
El líder vecinal vinculó estas irregularidades con el crecimiento de discotecas en Juliaca. «Por eso no se cierran antros de perdición, por eso las discotecas están trabajando con toda normalidad», afirmó. Mencionó el asesinato de Sara como consecuencia de esta proliferación. Acusó a gerentes de ser «reciclados, traídos de otros sitios» con antecedentes de corrupción en sus cargos anteriores.
Exigen reorganización drástica de todas las gerencias
Pimentel reclamó directamente al alcalde: «¿Por qué no renuevas? ¿Por qué no reestructuras? ¿Por qué no reorganizas la municipalidad en todas las gerencias?». Reveló que Damián Yucra tiene denuncias previas del distrito San Miguel. El dirigente calificó la gestión actual como «totalmente desordenada, totalmente caos». Juliaca se habría convertido en «tierra de nadie» por incapacidad administrativa.
El líder vecinal criticó la declaratoria de emergencia municipal como «un engaño a la población de Juliaca». Cuestionó la eliminación de la Gerencia de Fiscalización que empeoró el control urbano. «La municipalidad se ha dedicado a robar, a saquear el presupuesto», sentenció. Los gerentes no trabajarían adecuadamente según el denunciante. La supuesta reorganización nunca se concretó efectivamente.
Antero Pimentel concluyó que el pueblo juliaqueño está «totalmente abandonado» por sus autoridades ediles. Exigió castigar ejemplarmente al funcionario acusado de ocultar documentos administrativos. La situación delincuencial se habría agravado por falta de fiscalización. Los regidores municipales tampoco asumirían su rol fiscalizador ante estas denuncias de corrupción generalizada.
