El Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de San Román Juliaca, ordenó la liberación de Víctor José Liñan Esquerre, investigado por robo agravado, según un documento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fechado el 20 de agosto de 2025. El acusado ingresó al Penal de Juliaca el 28 de abril de 2025 y recuperó su libertad el mismo día de la resolución, bajo la condición de libertad con comparecencia restringida mientras duren las investigaciones.
El documento, firmado por las máximas autoridades del centro penitenciario, generó observaciones y un fuerte rechazo por parte de la dirigencia local, encabezada por Antero Pimentel Esquivias, quien cuestionó la decisión judicial.
La liberación del efectivo se produce en un contexto donde la corrupción y la impunidad han sido temas recurrentes en Juliaca, especialmente en casos vinculados a efectivos policiales.
El documento del INPE detalla que la libertad con comparecencia restringida que implica que el procesado deberá presentarse periódicamente ante el juzgado y cumplir con ciertas condiciones para evitar su reingreso a prisión. Sin embargo, esta medida no ha calmado las críticas de los ciudadanos, quienes consideran que el sistema judicial prioriza formalidades sobre la justicia real.
La dirigencia de Juliaca, representada por Antero Pimentel, ha solicitado una revisión exhaustiva del caso, argumentando que la liberación podría enviar un mensaje equivocado sobre la tolerancia a la corrupción. Además, han exigido que se investigue si hubo presiones externas para acelerar el proceso de liberación. Mientras tanto, el Poder Judicial y el Ministerio Público aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las observaciones presentadas por el INPE y los reclamos ciudadanos.
Según datos del Observatorio de Criminalidad de Puno, en lo que va del año, se han registrado 12 casos de liberaciones polémicas, donde los investigados recuperaron su libertad bajo figuras legales cuestionadas. Esto ha generado un clima de incertidumbre en la región, especialmente en zonas con altos índices de delincuencia.
Las autoridades locales han anunciado que convocarán a una mesa de diálogo con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para abordar este y otros casos similares. El objetivo es establecer mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía acceder a información clara sobre los procesos judiciales. Mientras tanto, la población sigue exigiendo que se agilicen las investigaciones y se garanticen sanciones ejemplares para quienes cometan delitos, sin importar su condición o cargo.
Antero Pimentel advirtió que, de no haber respuestas satisfactorias, se movilizarán protestas pacíficas para exigir justicia. “No podemos permitir que la corrupción siga caminando libremente”, declaró, subrayando la necesidad de un cambio estructural en el sistema de justicia.
