El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Puno aprobó por mayoría la solicitud de declaratoria de emergencia por inseguridad en La Rinconada y el cerro Lunar de Oro, ambos ubicados en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. La decisión se tomó durante la sesión extraordinaria del 7 de junio, donde las autoridades evaluaron la grave situación de violencia que atraviesan estos centros poblados.
Juan Turpo Condori, gerente general de la Corporación Minera Ananea S.A., participó en la sesión donde señaló que los actos delincuenciales han aumentado en la última semana. Afirmó que se ha comenzado a reclutar personas de la zona para actividades ilícitas, lo que motivó el pedido de emergencia para permitir la intervención de las autoridades competentes.
La escalada de violencia en los centros poblados mineros, ha llevado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias, los hechos delictivos registrados en la última semana han superado los niveles de tolerancia de la población, generando una respuesta coordinada entre diferentes entidades del Estado para controlar la situación.
La medida responde a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en estas zonas mineras, caracterizadas por su actividad extractiva informal y la presencia de organizaciones delictivas. El gobernador regional de Puno, en su calidad de presidente del CORESEC, lideró la sesión donde se analizaron los reportes de seguridad y se determinó la necesidad de intervención urgente.
Las autoridades han elevado la solicitud al Ministerio Público, al que también se ha pedido iniciar una investigación por crimen organizado en relación con las recientes actividades delictivas. Asimismo, se solicitó al Poder Judicial la aplicación del derecho penal en los casos vinculados a los actos delictivos que provienen de los mencionados centros poblados.
En la misma sesión, también se aprobó la solicitud de declaratoria de emergencia ambiental en las provincias de Carabaya y Sandia, debido a la actividad de minería ilegal que afecta estos territorios. Esta medida complementaria busca abordar los problemas ambientales derivados de la extracción no regulada de minerales, que ha generado graves daños ecológicos en la región.
La situación en La Rinconada y Lunar de Oro refleja un problema estructural de seguridad que ha escalado hasta niveles críticos, requiriendo la intervención coordinada de diferentes instancias del Estado. Las autoridades esperan que las medidas aprobadas permitan restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes de estos centros poblados mineros.
Las declaratorias de emergencia representan un paso decisivo para enfrentar la violencia organizada que ha convertido a estos centros poblados en focos de inseguridad regional. La implementación de estas medidas dependerá ahora de la respuesta de las entidades competentes y la coordinación efectiva entre las diferentes instituciones involucradas en el proceso.
