El Poder Judicial emitió una resolución declarando fundado el recurso de apelación presentado por Liz Patricia Benavides Vargas, revocando la medida de suspensión preventiva de derechos que la mantenía separada de su cargo por 24 meses. La decisión judicial anuló el auto de primera instancia dictado el 24 de junio de 2024, considerando improcedente la medida inicialmente impuesta.
La investigación en contra de Benavides Vargas se enfocaba en presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal con agravantes en perjuicio del Estado. Sin embargo, el tribunal superior determinó que no existían elementos suficientes para sostener la suspensión preventiva, lo que llevó a la revocatoria de la medida cautelar.
La resolución judicial ordena la notificación inmediata de la ejecutoria al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria y su publicación en el portal web del Poder Judicial. Esta medida garantiza la transparencia del proceso y permite el acceso público a la información sobre esta decisión trascendental para el caso.
El fallo incluye modificaciones en la composición del tribunal, ordenando la intervención de los magistrados Campos Barranzuela y Vásquez Vargas para cubrir las vacaciones e impedimentos de Altabás Kajatt y Peña Farfán, respectivamente. Esta medida asegura la continuidad del proceso judicial sin interrupciones que puedan afectar el desarrollo de la investigación.
San Martín Castro, figura clave en el proceso, destacó la relevancia de esta decisión para la protección de los derechos de los investigados. El pronunciamiento judicial subraya la importancia de mantener procesos transparentes y justos, donde se respeten las garantías fundamentales de todas las partes involucradas en procedimientos de esta naturaleza.
Este caso establece un precedente significativo en el sistema judicial peruano, particularmente en procesos relacionados con presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad. La decisión del tribunal refleja la necesidad de contar con elementos probatorios sólidos antes de aplicar medidas restrictivas que afecten el ejercicio de funciones públicas, fortaleciendo así el principio de presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico nacional.
