El abogado Rolando Jiménez Sardón reiteró que la Universidad Nacional del Altiplano en Puno realizó nombramientos de docentes que no cumplen con los requisitos de ley. Esta situación ha generado una acción de amparo por parte de los docentes afectados, quienes buscan la restitución de sus derechos.
Jiménez Ardón explicó que la universidad añadió un requisito adicional para el nombramiento de docentes, el cual no está contemplado en la ley. Este requisito exige que los docentes tengan un vínculo laboral vigente al semestre 2024-2, a pesar de que la ley establece que basta con tener vínculo laboral hasta el semestre 2023-2 y haber ingresado por concurso público.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Ministerio de Educación (MINEDU) emitieron informes que respaldan la postura de los docentes afectados. La SUNEDU aclaró que las universidades pueden regular la implementación de la ley, pero no pueden añadir requisitos adicionales. El MINEDU también reiteró que los únicos requisitos válidos son los establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 32171.
Jiménez Sardón declaró: “La ley es clarísima y lo que ha hecho el Consejo Universitario y el rector es nombrar a personas que no cumplían con los requisitos de ley.” Jiménez también indicó que la universidad nombró a docentes que tenían calidad de invitados y no habían ganado un concurso público, lo cual es una clara violación de la ley. Además, señaló que la universidad está cometiendo un delito de nombramiento ilegal, y que quienes aceptaron dichos nombramientos también podrían ser considerados responsables.
Se ha presentado una acción de amparo con la finalidad de que se repongan los hechos al momento de la violación del derecho al trabajo y la igualdad ante la ley. Se busca que se aplique estrictamente la ley 32271 y se nombre a los docentes que sí cumplen con los requisitos. La audiencia para este caso está programada para el 20 de enero. Además, se está considerando una acción de cumplimiento para obligar al rector a acatar la ley.
La autonomía universitaria está limitada a la forma en que se implementa la ley, es decir, cómo se evalúan los expedientes, pero no permite modificarla o añadir requisitos adicionales. Jiménez Ardón señaló que la universidad modificó la ley al añadir un requisito que no estaba en la norma, lo cual es una clara extralimitación de sus funciones.
En caso de que el Poder Judicial falle a favor de los docentes, los nombramientos ilegales se retrotraerán, lo que podría generar recursos impugnativos por parte de la universidad. Jiménez Sardón afirmó que la acción de amparo tiene prioridad y que el proceso debería avanzar rápidamente, independientemente de las vacaciones judiciales. Si la universidad no se presenta a la audiencia, se entenderá que acepta lo que se está pidiendo.
