El pasado 23 de abril de 2025, un grupo de policías fue acusado de robo agravado en la salida al Lampa de la ciudad de Juliaca. Las investigaciones revelan sospechosas conductas y vínculos con la criminalidad, poniendo en tela de juicio la integridad de estos efectivos. Desde apropiación de oro incautado, hasta solicitudes de coima, tráfico de drogas y robo agravado son sus antecedentes. Al respecto máximas autoridades prometen corregir y penas severas a malos policías.
En una reunión reciente, el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Félix Pérez Rodríguez, junto con el jefe de la Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya Martínez, y Colin Macleod Sim Galván, director de Investigación de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, aseguraron que las investigaciones a los mismos directivos policiales ya se han iniciado. Desde el Ministerio del Interior se ha previsto disponer a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú para realizar observaciones sobre policías investigados por faltas administrativas, desde leves a graves.
El viceministro Pérez Rodríguez fue claro al señalar que los efectivos policiales que transgredan las leyes serán tratados como delincuentes y procesados de forma inmediata tanto administrativa como penalmente. “No permitiremos que la corrupción y el delito se infiltren en nuestras filas”, declaró el jefe policial.
En referencia a los antecedentes de los efectivos policiales, señaló que habrá indagaciones y contrainteligencia, ya que, implicados como Michael James Ventura Javier, quien ya habría sido señalado en un caso de cobro de coima en 2019. Según un audio revelado por el diario Sin Fronteras, Ventura, conocido como “el negro”, y otro policía apodado “chinín” o “chivo chimbotano”, solicitaron 8,000 soles a una comerciante contrabandista para devolverle su mercadería incautada. La comerciante relató que los policías mencionaron que el dinero también era para un coronel y un alférez, indicando que “el dinero no era solamente para ellos”.
Otro de los policías involucrados, Víctor José Liñán Esquerre, está siendo investigado por apropiarse ilegalmente de oro incautado en el distrito de San Antonio en 2016. Según los archivos del Ministerio Público, el 28 de noviembre de 2016, durante un operativo antidrogas, se incautaron 530 gramos de oro, equivalentes a 58,072 soles. Los efectivos Richard Anderson Vega Jiménez, Efraín Ursino Peñaloza Maquera, Abelardo Álvaro Flores Véliz y Víctor José Liñán Esquerre se habrían apropiado del oro, camuflando parte del mineral para evitar ser descubiertos. El intervenido, William Emmanuel Monroy, observó cómo los policías manipulaban el oro, diciendo: “Esto es mucho, hay que bajar la calidad y cantidad”.
Incluso, el jefe de la Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya Martínez, ha señalado que otro de los policías implicados en el robo agravado está siendo investigado por un caso de tráfico de drogas. Estos hechos cuestionan seriamente la conducta de los efectivos policiales y sus compañeros, por lo cual se hará una minuciosa investigación prometió el viceministro del Interior.
A la vez, el último suceso los vincula con robo agravado siendo los investigados: Víctor José Liñán Esquerre, Israel Josué Díaz del Olmo Vizcarra, Arnold Diego Quispe Rivas, Luis Antonio Chucos Salvador, Jaider Lee Tacca Chambi, Michael James Ventura Javier y Jhon Yeison Mancilla Quispe. La investigación continúa, y se espera que las autoridades tomen medidas contundentes para esclarecer estos actos delictivos y restaurar la confianza en la institución policial.
El viceministro Pérez Rodríguez también anunció que se pondrá a disposición de los ciudadanos un número telefónico para denunciar hechos de inconductas o ilícitos cometidos por personal policial. Este número estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permitirá a la población informar de manera inmediata cualquier irregularidad.
Además, se ha dispuesto que, durante los operativos policiales, los efectivos deben estar claramente identificados y correctamente uniformados. La población tiene el derecho de exigir la identificación de los policías, quienes deben mostrar su placa y carnet. Los operativos de civil o de inteligencia para la captura de delincuentes o bandas deben contar con la autorización de la fiscalía.
El general Colin sim Galván, director de Investigaciones de la Inspectoría General, informó que se ha iniciado el proceso administrativo sumario contra los efectivos policiales detenidos. Se les ha impuesto medidas preventivas, como la suspensión temporal del servicio, y se les ha variado esta medida por la de cese del empleo, lo que implica que no percibirán remuneración alguna mientras dure el proceso.
El viceministro Pérez Rodríguez también mencionó que se está evaluando la rotación de efectivos policiales en la región, considerando factores como el tiempo de permanencia, antecedentes administrativos y sanciones o investigaciones en curso. Esta rotación se realizará de manera progresiva para asegurar una transferencia adecuada de conocimientos y estrategias.
