El pago de la segunda cuota de la reparación civil que se comprometió a entregar la constructora brasileña Odebrecht al Estado está en manos de la jueza que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, María Álvarez Camacho.

En los próximos días, la titular a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción determinará si la empresa puede compensar esta cuota con los S/30 millones que entregó al Estado en el 2017 y que permanecen incautados desde el año pasado.

El viernes se realizó una audiencia reservada donde la jueza revisó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se varíe la medida de incautación.

En la página 267 de la sentencia que homologa el convenio con la constructora, aparece como una de las obligaciones de la fiscalía solicitar al Poder Judicial la variación de esta incautación, “una vez que la persona jurídica colaboradora acredite que la fuente del dinero entregado no es producto de ganancias ilícitas [...]”.

Fuentes explicaron que la licitud de los S/30 millones ya fue acreditada por Odebrecht ante el Ministerio Público.

Además, precisaron que en febrero de este año las partes que celebraron el convenio de colaboración acordaron que la fiscalía, que inicialmente pidió la incautación, solicite la variación para que el monto sea considerado parte de la reparación civil pendiente.

A inicios del 2017, Odebrecht entregó S/30 millones, como parte de un preacuerdo que suscribió con el entonces coordinador del equipo especial, Hamilton Castro. En ese momento, el dinero no fue reconocido como adelanto de una indemnización, sino como ganancias producto de hechos ilícitos, por lo que se tuvo que solicitar esta medida cautelar.

En agosto del pasado se dispuso la incautación del dinero, a pedido del fiscal Pérez, luego de que el Pronabi informara que no tenía facultades para administrar ese monto.


Fuente: El Comercio