El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, y el juez Richard Concepción Carhuancho habrían cometido abuso de autoridad contra el ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.

Según un informe emitido por la fiscal superior anticorrupción, Escarleth Laura Escalante, el delito se habría cometido cuando autorizaron y allanaron las oficinas del asesor Juan Manuel Duarte en busca de pruebas de los presuntos vinculos de Chávarry con Fuerza Popular.

En este contexto, la mencionada fiscal superior comunicó los resultados de la investigación preliminar y solicitó autorización a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para iniciar la investigación preparatoria contra los mencionados magistrados.

De acuerdo con la Fiscalía Superior, el allanamiento de las oficinas del asesor Duarte se realizó como parte de una investigación al fiscal supremo Chávarry, que no competía a magistrados de primera instancia.

Señala que, el 21 de diciembre del 2018, con la disposición N° 94, Pérez informó a la Fiscalía de la Nación que Chávarry había adoptado una actitud de interferencia, hostilización y encubrimiento en la investigación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

El fiscal superior coordinador, Rafael Vela, entregó la disposición N° 94 a la Fiscalía de la Nación, que la derivó al área de Investigación y Denuncias Constitucionales, para su trámite.

Sin embargo, el 4 de enero del 2019, Pérez solicitó al juez Concepción Carhuancho la autorización para allanar las oficinas de Duarte en busca de pruebas “que vinculen al grupo de interés de la investigada Keiko Fujimori con Pedro Chávarry”.

Es decir, los mismos hechos de la disposición N° 94 que había, reconoció que no podía investigar. Anota que el juez Concepción autorizó el allanamiento pese a conocer la existencia de la mencionada disposición.

Además, se cuestiona que la resolución judicial de allanamiento no precisa el lugar exacto donde se realizaría la medida, pese a que la ley dice que debe haber precisión en ese dato.

Esa situación determinó que mediante un “escrito de precisión”, el fiscal Pérez adicione otras dos oficinas al allanamiento, sobre las que no tenía autorización judicial.

Proceso judicial
De autorizar la formalización de investigación preparatoria, José Pérez y Richard Concepción pasarían a la condición de procesados.

La fiscal Escarleth Laura también advierte que durante el allanamiento del 4 de enero se habría afectado los derechos de los asesores Edgar Peralta, Max Aranda y Juan Carlos Cravero, sin justificación ni motivación legal.


Fuente: La República