Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ) admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y un grupo de juristas contra el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, para suspender el proceso de convocatoria a elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

A través de su cuenta de Twitter, la entidad judicial dio a conocer la decisión favorable para que se inicie el proceso legal por el recurso constitucional que fue interpuesto el pasado 23 de setiembre.

El abogado de IDL, Carlos Rivera, confirmó la decisión pero resaltó que con esta medida aún no se puede suspender el proceso de elección, si no hasta que el juzgado tome una decisión sobre la medida cautelar, otro procedimiento vinculado para que se solicite la suspensión de la selección.

Explicó que debido a que la elección de los miembros del TC se definiría este lunes, presentaron la medida cautelar que busca la suspensión del objeto en cuestión, en este caso el proceso de elección de los magistrados.

“Nosotros preveyendo ese escenario, presentamos la medida cautelar que es un procedimiento dentro del proceso de amparo a través de la que se solicita que el poder judicial establezca una medida de cautela provisional. (...) Si es que al amparo ya ha sido admitido yo creo que el juzgado tome decisión sobre la medida cautelar sobre las próximas horas”, mencionó.

Subrayó que con la admisión a trámite, el Poder Judicial entiende que hay derechos que están siendo afectados y el Congreso deberá responder lo más pronto posible.

“A partir de este momento le corresponde al Congreso responder esa demanda. El Poder Judicial probablemente en las siguientes horas tendrá que tomar una decisión de la medida cautelar”, comento en entrevista con Canal N.

En la demanda presentada se argumentó que la designación de lo magistrados deberían darse cuando establezcan mecanismos de publicidad y transparencia para que la sociedad civil participe y fiscalice.

Además que el proceso iniciado por la comisión especial del Parlamento ha vulnerado una serie de derechos fundamentales del ciudadano como el derecho de acceso a la justicia, al no permitir que la elección de los magistrados “sean públicos y transparentes, y a la apariencia de independencia de los magistrados”. Se refieren también al derecho de la participación ciudadana en la selección y nombramiento de magistrados.

Fuente: La República