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Con 13 a favor, cinco en contra y seis abstenciones, la Comisión Permanente aprobó la elaboración de un informe técnico-legal respecto a su propio funcionamiento y, especificamente, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el período anual de sesiones 2019-2020. Los votos a favor fueron de Fuerza Popular, APRA, Cambio 21 y Unidos por la República.

Días atrás, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista Mario Matilla, pidió a los asesores del grupo de trabajo que evalúen la situación del mismo. Un informe presentado por éstos afirma que se debería de reactivar lo más pronto.

El documento argumenta que por ser la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dependiente de la Comisión Permanente y encargada de realizar el antejuicio político contra altos funcionarios del estado, esta se se debería reactivar.

Según el informe, la Subcomisión debe de “continuar desarrollando su función de control político en el interregno parlamentario; más aún porque según lo dispuesto en el artículo 99° de la Constitución Política, la prerrogativa funcional del antejuicio, tiene un plazo de hasta cinco años después de que los altos funcionarios, hayan cesado en sus funciones”.

Debido a la caducidad del juicio político, “las denuncias por infracción constitucional no pueden ser tramitadas en otra instancia, en razón de que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, acción que se inicia en esta Subcomisión”.


Fuente: RPP