A tres meses de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya inició sus labores para cumplir los plazos establecidos en el cronograma electoral. Una de estas labores es la revisión de las hojas de vida de los candidatos. En esta entrevista, Jessica Clavijo nos explica cómo será el proceso de fiscalización.

¿Qué hará el JNE para evitar que casos como los de Moisés Mamani o Yesenia Ponce se repitan en los comicios del 2020?

Hay información que no la genera el JNE, por ejemplo, los antecedentes penales y certificados de estudios. Hay que esperar la respuesta de otra entidad. En los casos que planteas, fueron detectados por el JNE, pero las respuestas llegaron después del plazo de exclusión.

Entonces, ¿quién fue el responsable?

Lo único que puedo señalar es que las instituciones que deben enviar información al JNE tienen que hacerlo de manera rápida y teniendo en cuenta que nuestros plazos son muy breves.

¿Las instituciones educativas tienen algún grado de responsabilidad?

No, porque en términos generales no podría estandarizar. Los responsables son los candidatos, no podría echarle la culpa a nadie más de algo que yo firmo.

¿Hay alguna propuesta del JNE para mejorar el proceso de fiscalización?

Cuando propusimos el proyecto de código electoral se establecía que la entrega de información por parte de terceros sea bajo responsabilidad, para que no sea un pedido al aire y haya demora. Lo volveremos a plantear. Otra cosa que pedimos es que en la hoja de vida no solo se consigne las sentencias, sino también los procesos en trámite.

Para los comicios de enero, ¿a qué más prestarán atención en las hojas de vida?

El 19 de noviembre se inicia la fiscalización de las hojas de vida de todos los candidatos y, obviamente, pondremos la puntería inicial en revisar los antecedentes penales y si fueron declarados. Luego vendrá la revisión respecto a temas educativos y laborales.

¿Cuánto durará este procedimiento?

Todo el plazo que tengamos hasta el día final para excluir candidatos (27 de noviembre), pero, incluso después de este día se mantendrá la labor de fiscalización y en aquellos casos que no procesa la exclusión de candidatos, se enviará a la Fiscalía y se seguirá el trámite correspondiente en ese fuero.

Las elecciones para elegir a los nuevos representantes del Congreso serán el 26 de enero del 2020

¿Con cuántas instituciones cruzarán información?

Nosotros hacemos cruce con el Poder Judicial, Sunarp, Sunedu, ministerios, UGEL, entidades públicas y privadas por el tema laboral, así como institutos y universidades a nivel nacional.

¿Habrá alguna novedad en el sistema de fiscalización?

Tenemos acceso a la base de datos del Poder Judicial, pero, teniendo en cuenta de que hay información sensible por cruzar, como casos de homonimia o falta de actualización en el registro de condenas, se hará un primer filtro y los Jurados Electorales Especiales (JEE) coordinarán directamente con las cortes de justicia y podrán pedir información adicional.

¿Qué van a consultar?

Casos concretos, dudas que se tenga sobre una tacha. Si bien los integrantes del JEE tienen acceso al registro de condenas, pueden solicitar información adicional a la misma corte, que hará la búsqueda en sus archivos. Eso hará más rápido el proceso de análisis de las listas de candidatos.

¿Las personas investigadas y que están bajo el mandato de prisión preventiva pueden postular?

Pueden postular, no están suspendidos sus derechos.

Y qué pasaría si una de estas personas gana una curul en el Congreso. ¿Puede jurar?

Para que juren en el cargo tienen que salir del centro penitenciario, y eso no depende del JNE sino de las autoridades judiciales. Nosotros cumplimos con llevar adelante el proceso electoral y que se proclamen los resultados. Hasta ahí llega nuestra función.

Entonces, ¿todo dependerá del Poder Judicial?

Sí. Cualquier pronunciamiento que tenga que ver con la situación de un investigado, tiene que verlo el Poder Judicial, no lo ve el JNE.


Fuente: Gestión