El congresista Javier Velásquez Quesquén consideró como un “despropósito” la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, de incautar el equipo celular del fallecido expresidente Alan García Pérez, como parte de las investigaciones por el presunto pago de sobornos de la constructora Odebrecht.

“Me parece un despropósito [el pedido]. Justamente el fiscal Pérez que en Brasil expresamente impidió que los abogados del ex presidente García pudieran participar del interrogatorio del señor [Jorge] Barata porque el ex presidente había fallecido y se había extinguido la acción penal”, afirmó en entrevista con RPP.

Como se recuerda, el último miércoles 19 de junio, Pérez Gómez presentó este pedido ante el despacho del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción.

Como se recuerda, el último miércoles 19 de junio, Pérez Gómez presentó este pedido ante el despacho del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción.

Velásquez Quesquén sostuvo que el equipo está en manos de la familia de Alan García, pero dijo no entender cuál sería la importancia para el fiscal de tener acceso al teléfono.

“Lo que debería hacer el fiscal es mostrar si el señor [Miguel] Atala, que habló del supuesto soborno que le había estado entregando al presidente García de 30 mil, 20 mil dólares, ya corroboró lo que ha dicho”, opinó el legislador aprista.

Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, reveló al Ministerio Público que abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra donde se le depositó un millón 312 mil dólares para el ex jefe de Estado. Esta información debía ser corroborada con documentos ante la fiscalía.

Al respecto, Velásquez Quesquén reiteró la necesidad de corroborar con pruebas el testimonio de quienes aspiran a ser colaboradores eficaces ya que, estas personas también “son delincuentes”.

Finalmente, aseguró que el Partido Aprista tiene la mayor disposición de colaborar con la investigación que se les sigue por la presunta existencia de una “fuerza de choque”, tal como fue denunciado por Atala.

 


Fuente: Gestión