Videnza Instituto llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre la eficiencia de los ministerios a nivel nacional, utilizando diversos indicadores vinculados al ciclo de inversión pública. Entre los resultados, se descubrió que cinco carteras ministeriales enfrentan demoras considerables, extendiéndose de 1000 a 1200 días para completar sus proyectos.
Estos retrasos se atribuyen a factores como adelantos presupuestarios, incumplimientos por parte de contratistas y deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos. Además, la constante rotación de autoridades contribuye a la falta de continuidad en las acciones emprendidas.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, expresó su preocupación por las demoras, especialmente aquellas que oscilan entre cinco y diez años en algunos proyectos, subrayando que esto no favorece a la población. Destacó la situación crítica del Ministerio del Interior, siendo el menos calificado con un 80% de retraso en la construcción de comisarías, lo cual, según él, afecta la seguridad nacional y repercute en la economía.
Castilla también señaló persistentes demoras en los servicios de salud tras la pandemia, evidenciando deficiencias en la atención hospitalaria y en la capacidad del Poder Ejecutivo. Enfatizó la necesidad de construir capacidades e implementar reformas para restablecer la confianza de los ciudadanos e inversores en estos servicios cruciales.
En relación al desempeño del Congreso, Castilla lamentó la falta de acciones a favor del crecimiento económico. Criticó el «populismo irresponsable» que, a su parecer, prevalece en las decisiones legislativas, afectando la responsabilidad financiera del país.
