Dilma Velásquez Llano, gestora intercultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura, reveló alarmantes cifras sobre la discriminación étnico-racial en entidades públicas de la región Puno. Según los datos recopilados, los establecimientos de salud lideran las estadísticas con un 22% de los casos, seguidos de las comisarías 12% y los gobiernos regionales.
“Muchas mujeres son discriminadas por vestir polleras o hablar solo aymara o quechua, lo que afecta su acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en los centros de salud se les ha dicho que vuelvan con alguien que hable castellano, postergando derechos fundamentales como la atención médica”, afirmó Velásquez.
Sostuvo que los prejuicios culturales se extienden a otros espacios públicos, como discotecas, playas y centros comerciales, lo que perpetúa la marginación. Asimismo, destacó que en las recientes protestas sociales las mujeres quechuas y aimaras enfrentaron actos de discriminación incluso por parte de las autoridades.
Velásquez enfatizó que la discriminación es un delito y que existen mecanismos para denunciarla, como grabar evidencias o reportar anónimamente. A pesar de ello, muchas víctimas optan por no denunciar por temor al rechazo social o la falta de acompañamiento posterior.
Mencionó que, desde el Ministerio de Cultura, se han impulsado campañas como “Perú Sin Racismo” y estrategias para visibilizar y sancionar estos actos. Velásquez concluyó que combatir la discriminación requiere un esfuerzo conjunto para cambiar actitudes y garantizar un trato digno a los pueblos originarios.
