La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, generó controversia política al advertir sobre la posible suspensión de la cooperación militar con Estados Unidos, ante las promesas de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump, mientras el gobierno estadounidense mantiene silencio sobre estas declaraciones.
Durante su discurso de Año Nuevo transmitido por televisión nacional, Castro manifestó su postura frente a las políticas migratorias anticipadas por Trump y señaló que Honduras reconsideraría sus políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el ámbito militar si se materializan las deportaciones masivas.
La mandataria hondureña destacó que Estados Unidos ha mantenido presencia en territorio hondureño durante décadas sin pagar un centavo y enfatizó que esta presencia perdería su razón de ser si los hondureños son expulsados masivamente, aunque expresó su esperanza en mantener un diálogo con la administración Trump.
La principal presencia militar estadounidense en Honduras se encuentra en la Base Aérea Soto Cano, cerca de la capital, donde Estados Unidos ha mantenido una significativa presencia desde 1983, convirtiéndose en un punto clave para misiones humanitarias y antidrogas en Centroamérica a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
La oposición política hondureña reaccionó con firmeza ante las declaraciones de Castro y Jorge Cálix, aspirante presidencial por el Partido Liberal para las elecciones del 30 de noviembre, acusó a la presidenta de poner a Honduras en grave peligro por razones personales e ideológicas.
El analista político Olban Valladares, quien contempla su candidatura por el Partido Innovación y Unidad, criticó la amenaza de Castro y advirtió que Honduras no tiene capacidad para amenazar a Estados Unidos, señalando que las consecuencias para el país serían terribles y podrían convertir a los migrantes hondureños en un objetivo más vulnerable para la administración Trump.
