Presidente de la Central de Barrios del Centro Poblado La Rinconada, Efrin Quispe Huaynacho, rechazó categóricamente las acusaciones que lo señalan como agitador de las protestas registradas contra la Corporación Minera Ananea y la central de cooperativas mineras (CECOMIR). Muy por el contrario denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte de empresarios mineros.
El dirigente barrial aclaró que la paralización efectuada por la Corporación Minera Ananea, la empresa CECOMIR y cooperativas locales fue una autoconvocatoria ciudadana. Quispe afirmó que solo emprendieron un reclamo justo de toda la población, negando cualquier participación como asesor en los acontecimientos violentos que dejaron un fallecido.
Durante la segunda semana de paralización, específicamente el 10 de octubre, se realizaron reuniones con autoridades distritales. El alcalde del Centro Poblado Rinconada, Esteban Itusaca Chambi, solicitó a los presidentes barriales no participar en mesas técnicas regionales. Posteriormente, el 15 de octubre se concretó una reunión con el gobierno regional.
Quispe denunció ser troleado permanentemente por la página “Rinconada por Siempre”, supuestamente operada por un trabajador de la Cooperativa Minera Cerro San Francisco. El dirigente presentó documentos que evidenciarían irregularidades administrativas de la corporación relacionadas con contaminación ambiental, vulneración de derechos laborales y posible lavado de activos ante instancias competentes.
El líder barrial exhibió anillados presentados por la Corporación Minera Ananea al Congreso, Ministerio del Interior y Fiscalía, donde aparece señalado sin un plan estratégico de seguridad ciudadana legítimo.
La presidenta del barrio 28 de Julio, quien reside dentro del área enmallada, relató cómo cooperativas cerraron accesos e instalaron estructuras sin autorización. Denunció que con apoyo policial obligan a vecinos a retirarse de sus viviendas, mientras operadores mineros permanecen trabajando material de baja ley sin respetar derechos de los tres barrios afectados.
La plataforma de lucha exige seis puntos: libre tránsito del material llampo, reinicio total de operaciones, retiro del cerco perimétrico, reversión de concesiones al Estado, diálogos públicos transparentes y formalización de acuerdos mediante convenio marco.
