El magistrado Gino Augusto Tomás Ríos Patio preside la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desde enero de 2025, tras jurar desempeñar fielmente sus funciones constitucionales. Este alto funcionario evalúa la idoneidad ética de jueces y fiscales a nivel nacional para impartir justicia en todo el país.
Sin embargo, sobre el presidente pesa una sentencia consentida por violencia familiar contra su exesposa, dictada en mayo de 2011. La condena firme genera cuestionamientos sobre su idoneidad para ocupar el cargo más importante del sistema de justicia peruano.
El Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina determinó la existencia de violencia psicológica ejercida por Ríos Patio. La sentencia estableció maltrato mediante actos de intimidación y amenazas comprobados por pericias psicológicas especializadas.
Impedimento legal para el cargo
La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia prohíbe expresamente en su artículo 11 inciso e la postulación de personas con sentencias por violencia familiar. Este impedimento legal debió descalificar automáticamente al magistrado durante el proceso de selección institucional.
Ríos Patio no apeló la sentencia de 2011, aceptando el fallo judicial interpuesto por la justicia especializada en casos familiares. La condena firme se considera hoy un delito que se castiga con pena privativa de libertad efectiva.
El abogado de la víctima confirmó que existían pericias psicológicas y tratamientos especializados que sustentaron la denuncia original. Estos elementos probatorios respaldaron la decisión judicial que determinó la responsabilidad del actual presidente de la institución.
Omisión en proceso de selección
Durante las entrevistas de postulantes presididas por el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez en octubre pasado, la sentencia no fue cuestionada. Esta omisión permitió que Ríos accediera al cargo pese a los impedimentos legales establecidos por la normativa vigente.
El magistrado se negó a responder las consultas de Cuarto Poder sobre su pasado judicial y los impedimentos para ejercer el cargo. Su silencio evidencia la gravedad de la situación que compromete la legitimidad institucional del organismo de justicia.
La situación plantea serios cuestionamientos sobre los mecanismos de control y transparencia en la designación de altos funcionarios judiciales. El caso pone en entredicho la credibilidad de la institución encargada de evaluar la probidad de magistrados a nivel nacional.
Paradójicamente, el presidente de la JNJ aplicó la normativa que podría afectarle
El presidente de la JNJ, aplicó la misma normativa para vacar a un colega en abril pasado, en un giro de los acontecimientos, el funcionario Rafael Manuel Ruiz Hidalgo fue destituido de su cargo como miembro titular de la institución por haber omitido información crucial: una condena por prevaricato en el año 2010. Esta acción, respaldada por Ríos, subraya una interpretación estricta de las normativas que podría, en un futuro, volverse en su contra.
La resolución emitida por la JNJ declara la vacancia de Ruiz Hidalgo, fundamentada en las causales establecidas en los literales g) y h) del artículo 18 de la Ley N° 30916, en concordancia con el literal d) del artículo 11 de la misma ley. La decisión no solo implica la destitución inmediata, sino que también ordena al Defensor del Pueblo y a otras autoridades llevar a cabo acciones específicas para cumplir con los fines correspondientes. Además, se ha designado a un suplente para cubrir el cargo vacante hasta la conclusión del período del titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la mencionada ley.
La Fiscalía de la Nación y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial han sido notificadas para realizar investigaciones disciplinarias y procedimientos administrativos, respectivamente. Este caso pone de manifiesto las complejidades y posibles contradicciones en la aplicación de las normativas dentro de la JNJ, especialmente cuando quienes las aplican podrían verse afectados por las mismas en el futuro.
